El pleno de Tres Cantos aprueba llegar a un acuerdo para evitar la indemnización a los propietarios de El Tagarral
El pleno de la Corporación Municipal de Tres Cantos ha aprobado, con los votos en contra de la oposición (PSOE, IU y UPyD) promover un acuerdo con la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Colmenar y los propietarios afectados para evitar el pago de cerca de 60 millones de euros, en concepto de indemnización a propietarios de fincas en la zona de El Tagarral de la localidad, que fueron calificadas en 1987 como suelo no urbanizable, a pesar de que anteriormente estaban calificadas como urbanas y en ellas estaba prevista la ejecución de la segunda y tercera fase de la urbanización Soto de Viñuelas. El tiempo para ejecutar la sentencia acaba este miércoles, 29 de febrero, por lo que había que tomar una decisión.
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gentedigital.es / Mamen Crespo
29/2/2012 - 14:06
Asimismo, el PP ha sacado adelante solicitar la realización de un estudio para ver las condiciones medioambientales de la zona de El Tagarral, que dé a conocer si el suelo puede o no declarase como urbano, algo que pondría punto y final al contencioso y que evitaría tener que pagar lo que dicta la sentencia.
En concreto, el Gobierno regional y los ayuntamientos se enfrentan al pago de cerca de 60 millones de euros en concepto de una indemnización a propietarios de fincas en la zona tricantina de El Tagarral, a los que se les impidió construir en sus fincas por cambios en el PGOU de Colmenar de 1987, que a pesar de ser terrenos urbanizables, fueron calificados como no urbanizables de uso agrícola.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Colmenar Viejo de 1987 acordó reclasificar unos terrenos, el llamado "Plan Bodonal", colindantes con el actual Soto de Viñuelas de Tres Cantos. Dichos terrenos eran urbanizables, ya que de hecho en ellos se contemplaba la segunda y la tercera fase previstas en la zona, y pasaron a ser calificados como Suelo No Urbanizable de protección para usos agrícolas. Ante ese cambio, los propietarios de estos terrenos se consideraron perjudicados e iniciaron un largo proceso legal que finalizó con la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1992. Esta condenaba a la Comunidad de Madrid y a los dos Ayuntamientos a indemnizar a los propietarios. Dicha cuantía quedó fijada por el Supremo en 2007 en 42,43 millones de euros más los intereses, que ahora se acerca a los 60 millones de euros. Los dos ayuntamientos son responsables, ya que aunque el PGOU objeto de la polémica es el de Colmenar, los terrenos pertenecen en la actualidad a Tres Cantos, municipio que no existía entonces y cuyos terrenos formaban parte del término municipal colmenareño.
El TSJM ha comunicado a las administraciones la ejecución forzosa de la sentencia y ha apercibido que, de no ejecutarse voluntariamente, procederá al embargo de bienes patrimoniales del Ayuntamiento y a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales, contra los "funcionarios responsables".
En la sesión, el portavoz de IU, Federico Mas, se ha mostrado en contra de esta decisión y de las tres propuestas que daba el Ayuntamiento de Tres Cantos: pagar la sentencia entre las tres administraciones (descartada por su enorme cuantía); no hacer frente a la sentencia y que el juzgado proceda al embargo de bienes patrimoniales y la imposición de sanciones incluso con apertura de procesos penales contra los "funcionarios responsables"; o firmar un acuerdo entre las tres administraciones condenadas para satisfacer la demanda de los propietarios de dichos terrenos del Tagarral. Mas ha señalado que lo quieren hacer es “recalificar”. “Ustedes no van a pagar ese dinero pero sí van a destrozar la zona construyendo viviendas”, ha apuntado en sus intervención.
El portavoz de IU también ha criticado que una de las opciones que barajen sea cumplir la sentencia. “¿Quién se puede negar a cumplir una sentencia?”, ha preguntado al PP. Frente a las tres propuestas que daba el PP, y de las que sólo ha salido adelante la de firmar un acuerdo entre las tres administraciones condenadas para satisfacer la demanda de los propietarios de dichos terrenos del Tagarral, IU ha presentado tres, que han sido rechazadas con los votos en contra de los concejales del equipo de Gobierno. En concreto, desde IU-Los Verdes han pedido que se mantenga el espíritu de la moción de 2005, que también votó el PP, en la que se recoge que “nadie puede obligar al Ayuntamiento de Tres Cantos a construir en ese suelo” porque la sentencia no obliga a ello; también han solicitado que se cuantifique la responsabilidad de cada una de las administraciones; y que no se recalifiquen terrenos como cumplimiento de la sentencia.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Lidia Martínez, ha acusado de “irresponsable” al Gobierno municipal por “haber sido incapaces de llegara a un acuerdo y de cuantificar la responsabilidad de cada Administración en este proceso”. Asimismo, les ha reprochado que en los años anteriores no ejecutaran la sentencia. “¿Por qué no se hizo?”, les ha preguntado, a lo que ella misma se ha respondido “porque estábamos en el momento del boom inmobiliario y había que hacer negocio”. “El interés general dio paso en ese momento al interés privado”, ha añadido.
Por otro lado, Martínez ha denunciado “la falta de información y transparencia” y ha apostado por tres alternativas, que han sido rechazas también con los votos en contra del PP. Entre ellas están que se mantengan en vigor la moción de 2005, que se afronte la sentencia permutando terrenos y que se lleve a cabo una consulta popular para que “sean los vecinos los que elijan pero sin manipulación, diciéndoles la verdad”.
El concejal de Urbanismo, Jesús Moreno, ha defendido que “pagar la sentencia es lo último que hay que hacer cuando hay posibilidades de llegar a un acuerdo” y ha criticado a Izquierda Unida, PSOE y Partido Comunista por decir que el PP no ha pagado cuando ellos durante sus mandatos tampoco lo hicieron y la recurrieron. “¿Por qué no lo pagaron?”, les ha preguntado.
Especialmente, Moreno ha culpado al PSOE por su “irresponsabilidad” ya que gobernaban en la Comunidad de Madrid y en Colmenar Viejo cuando se recalificaron los suelos que eran urbanizables de Soto de Viñuelas “a sabiendas del perjuicio que se estaba haciendo a los propietarios”. “Este ayuntamiento tiene un problema grandísimo y ustedes todavía no se han dado cuenta”, les ha dicho Moreno, que también les ha acusado de “no plantear ni una solución”.
Por último, el concejal ha defendido que “la mejor solución es estudiar una posibilidad para cumplir con lo que decía la dirección urbanística” ya que no se había estudiado bien anteriormente si esos suelos no podían ser urbanizables. Asimismo, ha apostado por “hacer un estudio ambiental”, un paso que ha calificado de “muy difícil”, aunque ha defendido que las dificultades son para la Comunidad de Madrid que es “la que tiene que hacer un estudio de impacto ambiental y aprobarlo o no”. También ha defendido al Gobierno regional ya que “la consejera va a hablar mañana en la Asamblea de este asunto”.
El alcalde, José Folgado, ha cerrado la sesión asegurando que van a hacer lo que hay que hacer que es “estudiar las características de ese suelo”. También ha defendido, al igual que el concejal, que “no se suelte un euro hasta el final porque es el dinero de todos los ciudadanos”.
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