El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha comparecido en la última sesión de la comisión de investigación de El Tagarral, celebrada el 12 de mayo, en la que ha negado que recibiera notificación alguna de la Comunidad de Madrid sobre el pago que tiene que hacer el Ayuntamiento de 21 millones de euros para hacer frente a la sentencia sobre este asunto urbanístico.
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Mamen Crespo/Patricia Cristóbal
23/5/2017 - 18:23
Así lo han revelado a GENTE fuentes de la comisión que han añadido que el regidor también reconoció que se había reunido en mayo de 2016 con el consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, quien rechazó cualquier opción por parte de los consistorios de Tres Cantos y Colmenar Viejo que no conllevara el pago de los 21 millones de euros que, a su juicio, les corresponde abonar.
Estas fuentes han recordado que la versión del alcalde difiere de la dada en la sesión anterior por el primer teniente de alcalde, Javier Juárez, que recooció que había recogido el requerimiento de pago de la Comunidad. No obstante, Moreno aseguró el día 12 que a él nunca se lo entregaron y defendió a Juárez y al entonces director de urbanismo, David Becerra, de quienes dijo que son unos "magníficos trabajadores" que cuentan con su "plena confianza", según han apostillado las mismas fuentes.
El 12 de mayo también comparecieron el portavoz adjunto de Ganemos, Federico Mas, y la portavoz del PSOE, Lidia Martínez, que insistieron en dar luz a este asunto que se remonta a 1987. La siguiente sesión de la comisión se celebrará el 2 de junio.
La Comisión nace con el objetivo de esclarecer los hechos y responsabilidades políticas sobre las decisiones y acciones de cada gobierno durante el proceso.
Hay que recordar que hace unos meses, la Comunidad de Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo para reclamar a los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo la parte que el Gobierno regional considera que les toca abonar de la sentencia, que ya la Comunidad adelantó por ellos en su día.
Sin embargo, Tres Cantos no ha pagado sus 21 millones de euros, porque alude a que el municipio no existía cuando ocurrieron los hechos; y, Colmenar Viejo tampoco, porque señala que sus arcas no pueden asumir esa cifra que le demandan.
Los hechos se remontan al año 1987, cuando se cambió el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Colmenar, por el que unos terrenos urbanizables pasan a estar protegidos.
Los dueños emprendieron un proceso judicial que concluyó en 1992 con una sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a indemnizarles con 42,4 millones de euros, una cuantía que, con los intereses, ascendió hasta casi 60 millones.
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