SAF señala la prórroga en la investigación penal abierta por las ayudas a Utedlt
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha señalado este lunes la prórroga de las diligencias de investigación penal sobre las ayudas concedidas a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) tras la denuncia que interpuso el sindicato al conocer el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
06/10/2014 - 12:18
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha señalado este lunes la prórroga de las diligencias de investigación penal sobre las ayudas concedidas a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) tras la denuncia que interpuso el sindicato al conocer el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
En una nota, el SAF ha señalado que la solicitud planteada se ha resuelto positivamente y ha sido entonces cuando se ha enviado a SAF el Decreto de prórroga a través de la Unidad Adscrita de Policía Judicial.
Durante los años 2010, 2011 y 2012 el SAE concedió ayudas por un valor total de 57.340.676 euros a los 95 consorcios Utedlt, operativos desde 2002. El SAF recuerda que la Cámara concluye que "un dos por ciento de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo" y que "en un 48 por ciento de los casos no había mediado convocatoria pública".
Según apunta, la Cámara detecta deficiencias en el uso de herramientas de control, determinando que los procedimientos elegidos resultaban "confusos, insuficientes e incompletos". De todo ello, según la propia Cámara, se podrían desprender indicios generadores de responsabilidad penal.
Ahora, el SAF señala que el Fiscal Superior entiende que el asunto es "de especial relevancia y posible trascendencia pública" y añade "la evidente complejidad de los hechos investigados, el número de personas que pueden verse afectadas, la importancia material de la investigación, la conveniencia de aclarar aún algunas situaciones administrativas o contables, la acreditación de actuaciones tendentes a la devolución de las ayudas".
Además, basa la prórroga en que "la documentación remitida en soporte informático por el SAE no comprende la documentación acreditativa de cada uno de los 95 consorcios concertados, lo que impide verificar al día de hoy la efectiva realización de las actividades subvencionadas, comparar los expedientes con los datos aportados y las actuaciones efectivamente desarrolladas y relativas al cumplimiento de la finalidad a la que estaban destinados los fondos públicos".
"La comprobación de tales datos, dada la existencia de indicios, de irregularidades e incumplimientos que pudieran representar responsabilidad penal como indica la propia Fiscalía del Tribunal de Cuentas, exige un trabajo de investigación policial extenso y centrado en cada uno de los 95 Consorcios distribuidos en las ocho provincias andaluzas, lo que precisa un plazo mayor para la realización de tales comprobaciones", subraya.
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