SAF ratifica la denuncia penal contra dos directoras generales "por negarse a dar información sobre plazas"
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha ratificado este miércoles la denuncia penal presentada contra las directoras generales de Recursos Humanos y Función Pública y de Planificación y Organización de los Servicios Públicos por "negarse a facilitar información de efectivos reales, dotación de vacantes de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y contratación de externos".
02/10/2013 - 14:05
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha ratificado este miércoles la denuncia penal presentada contra las directoras generales de Recursos Humanos y Función Pública y de Planificación y Organización de los Servicios Públicos por "negarse a facilitar información de efectivos reales, dotación de vacantes de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y contratación de externos".
Según indica el sindicato en una nota, el Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha dictado un auto en el que admite a trámite la denuncia penal y ha citado a SAF para ratificarse en la misma.
Entre los razonamientos jurídicos, el juzgado reconoce que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
SAF advirtió en la denuncia que las actuaciones de las titulares de las direcciones generales citadas "pueden incurrir en posibles delitos de desobediencia de resolución judicial y contra los derechos de los trabajadores, artículos 410 y 315.1 del Código Penal".
El sindicato asegura que "durante años ha solicitado información básica e imprescindible para defender los derechos de los funcionarios.", ante lo que lamenta que "la mayoría de estas peticiones, adjuntadas a la denuncia, no han tenido respuesta".
Ha indicado que precisamente en octubre de 2012, el SAF instó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública que "incluyera en las RPT al personal eventual de la Junta, en su cualidad de empleados públicos, y remitiera listado de los mismos, al ser una información esencial para comprobar, entre otras cosas, si ese personal desempeña tareas propias de personal funcionario", pero lamenta que "no hubo contestación".
El SAF ha agregado que en enero y mayo de este año pidió por escrito a las directoras generales denunciadas la dotación de vacantes de las RPT de funcionarios, para su provisión o llamamiento de interinos, ya que "dicha dotación en las oficinas y centros del Servicio Andaluz de Empleo y de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera, apenas llega al 50 por ciento". Agregó que esa petición "además era consecuencia del fallo firme del Alto Tribunal andaluz que declaró lesionado el derecho a libertad sindical de SAF".
El sindicato ha apuntado que la Dirección General de Planificación y Organización respondió que "no cabe proporcionar listado de efectivos reales donde, de hecho, constan datos de carácter personal sin que medie el previo consentimiento expreso de cada uno de los interesados".
Pero el SAF recuerda que la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal "reconoce que el consentimiento exigido no será preciso 'cuando la cesión está autorizada en una ley, (*) cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros'".
Lamenta dicha negativa "bajo el pretexto de vulneración de protección de datos, cuando la identificación de los puestos de trabajo y titulares se publica cada vez que se resuelve un concurso de méritos de funcionarios, que se publica la adjudicación de un puesto de libre designación o que se concede un puesto mediante el procedimiento de artículo 30 de la Ley 6/1985".
Por su parte, el sindicato apuntó que la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, "declinó que fuera su competencia y matizó que corresponde a los titulares de cada Consejería la dotación de puestos de trabajo de las mismas".
En definitiva, la central sindical lamenta que "ambas directoras generales se negaron a remitir listado de efectivos reales, incumpliendo la Ley 7/2007 y la Constitución Española y obstaculizando la labor de SAF, mayoritario en la Administración General de la Junta".
Ha recordado que el SAF "ya tuvo que acudir a la vía contenciosa para pedir información básica en materia de política de personal", aunque lamenta que "aun obteniendo allanamientos de la Junta y fallos firmes favorables, los titulares de los órganos administrativos siguen negando la más mínima actuación al respecto".
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