Una jornada aborda en la delegación territorial de Junta la Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Castilla y León
El delegado territorial de la Junta, Luciano Municio, inauguró este martes la jornada “La Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de Castilla y León y de Gestión Pública”.
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gentedigital.es
09/11/2010 - 11:55
Esta sesión, destinada a hacer conocer esta nueva Ley a los empleados públicos, tal y como reseñó Municio “que tendrán que trabajar día a día con los ciudadanos y serán los primeros que tendrán que aplicar las nuevas medidas de modernización, de calidad, de transparencia, de agilización, de reconocimiento de los derechos de los ciudadanos…”.
Segovia, supone el cierre del ciclo de presentaciones de la Ley en la Comunidad.
Es n escalón más en la modernización de la administración, agregó, “es la primera ley que se desarrolla en todo el ámbito estatal, esta Comunidad se ha tomado muy en serio el proceso de agilización y modernización y estamos en el pelotón de cabeza de las administraciones”.
Por su parte, Ricardo Rivero, catedrático de Derecho de la Administración de la Universidad de Salamanca y promotor de la norma, destacó que la nueva Ley demuestra “promover reformas estructurales para el mejor funcionamiento de la economía porque agiliza lo procedimientos administrativos, sin recortes sociales, favoreciendo los derechos de los ciudadanos”.
Rivero reseñó que la nueva norma, que este martes se dio a conocer a los empleados públicos, se aprobó por las Cortes de Castilla y León con el consenso de los grupos políticos.
“La norma es pionera, pues en un solo texto sintoniza derechos y medidas de modernización de la administración”, agregó.
Un total de 72 trabajadores de la Junta de Castilla y León en la provincia han participado en la jornada en la que han actuado como ponentes el profesor Ricardo Rivero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, y uno de los redactores de la Ley de Derechos Ciudadanos de Castilla y León; y Antonio Díaz, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Burgos.
La Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración tiene como finalidad garantizar que la actuación de la Administración autonómica se oriente a la adecuada atención a los ciudadanos y a la prestación de unos servicios públicos de calidad, que satisfagan sus necesidades y expectativas, en el marco del interés público.
La Ley es la primera que en el estado español ha desarrollado el derecho a una buena Administración, y parte de la idea de que la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración depende, en buena medida, de la introducción de una cultura de modernización administrativa y de mejora de la calidad de los servicios, por lo que se engloba en un mismo texto el reconocimiento de aquellos derechos con la regulación de un modelo de gestión pública.
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