Juzgados de los Social dan 24 horas a la Junta para suministrar EPI al personal sanitario
Los juzgados de los Social de Ávila, Salamanca, Segovia, León y Zamora han otorgado un plazo máximo de 24 horas a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León para que suministre de manera "urgente y continuada" equipos de protección al personal sanitario. Según han informado fuentes del TSJCyL, la decisión judicial trata de "preservar la salud, integridad física e incluso la vida de los trabajadores profesionales sanitarios, pero también la de los pacientes y la población en general, dado el altísimo riesgo de contagio del COVID-19".
Archivado en: Colegio de Médicos de León, coronavirus, demanda a la Consejería de Sanidad, CESM
gentedigital.es / Europa Press
27/3/2020 - 16:11
Los jueces han aceptado así las medidas cautelarísimas solicitadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Castilla y León en el caso de Salamanca y Segovia y por el Colegio Oficial de Médicos de León sin escuchar a la Consejería de Sanidad, por considerar que "concurren las razones de urgencia alegadas, a la vista de los graves efectos generados por la pandemia que a nivel nacional e internacional nos invade, y la crisis sanitaria que ha generado".
De este modo, el juez de Ávila ha señalado que las razones de urgencia sobre la medida cautelarísima solicitada quedan "indudablemente justificadas" no ya solo por el propio estado de alarma, "sino también por el aumento notorio, conocido a través de los medios de comunicación, del aumento exponencial tanto de contagios en la población que requieren de una urgente asistencia sanitaria, así como del elevado casos de personal sanitario y asistencial que se están viendo afectados en su salud, a modo de contagio, por el desempeño de sus funciones sin medios de protección que lo eviten".
En este marco, tal y como ha continuado la magistrada salmantina, "se hace absolutamente imprescindible que se dote a los profesionales sanitarios de los medios necesarios para prestar una asistencia adecuada, tanto en lo que se refiere al diagnóstico inicial de la enfermedad como para el tratamiento y curación ulterior de los paciente, a fin de preservar la salud, integridad física e incluso la vida de los trabajadores profesionales sanitarios, pero también la de los pacientes y la población en general, dado el altísimo riesgo de contagio del COVID-19, como es de público y general conocimiento".
Por su parte, el juez de Segovia explica que "constituye un hecho notorio y público, no necesitado de prueba" que los profesionales del ámbito de la salud pública en esta provincia están prestando servicios sanitarios "con muchas dificultades para evitar la propagación de la enfermedad y el contagio debido a la falta de medios de protección" y así se refiere a que el 12 por ciento de los casos registrados lo integra el personal sanitario, "y en el caso de Segovia, la situación deviene desde el pasado 5 de marzo, con los tres primeros profesionales contagiados por el virus".
En el caso del juez de León señala "la profesionalidad y sacrificio diario" del personal sanitario y de todas las demás profesiones que de una u otra manera "tienen que abordar de forma más directa esta pandemia ocasionada por el virus COVID-19".
También a juicio del magistrado de Zamora, "ninguna duda cabe en atención a la declaración de estado de alarma en España mediante Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que concurren las necesarias condiciones de urgencia para la adopción de medidas cautelares sin audiencia de la parte demandada".
Las medidas reclamadas son batas impermeables, mascarillas 'fpp2' y 'fpp3', 'kits pcr diagnóstioc Covid-19' y sus consumibles, 'kit' de diagnóstico rápido (detección de antígeno), gafas y pantallas de protección, hisopos y contenedores grandes de residuos en todos los centros hospitalarios, centros asistenciales de atención primaria, servicios de emergencias, centros con pacientes institucionalizados así como todos los demás centros asistenciales de Salamanca, públicos o privados, y otras dependencias habilitadas para uso sanitario.
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