El Gobierno central, la Comunidad y los ayuntamientos de Madrid y Rivas rubricaron el protocolo el lunes 15 de abril. Beneficiará a 1.600 familias y durará 10 años, hasta 2034
Archivado en: Cañada Real, Rivas Vaciamadrid, Villa de Vallecas
Se derribarán las casas ilegales, chabolas e infraviviendas
M. A. N.
19/4/2024 - 00:44
La Fábrica de Muebles, situada en el número 157 de la carretera Vertedero Municipal de Valdemingómez, en la Cañada Real Galiana, fue el lugar elegido este lunes 15 de abril para la firma del protocolo del Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada Real que afectará a 1.600 familias vulnerables que viven actualmente en la antigua vía pecuaria. Tendrá una inversión de 330 millones, durará 10 años, hasta 2034 y buscará contribuir a su integración en la sociedad.
Los encargados de rubricar la nueva hoja de ruta fueron el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, el delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, y la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo.
De la inversión total, 110 millones los sufragará el Ejecutivo regional madrileño y se destinarán a la adquisición de inmuebles, indemnizaciones, y acompañamiento social. Por su parte, Madrid capital aportará otros 110 millones, exceptuando la parte que corresponda a las familias que dependan de los realojos de Rivas-Vaciamadrid, para el acceso a viviendas municipales en régimen de alquiler social. Finalmente, el Gobierno central aportará otros 110 millones.
El protocolo contempla también el derribo de las chabolas, infraviviendas y construcciones ilegales existentes, así como las actuaciones de rehabilitación edificatoria y de reurbanización y regeneración urbana necesarias.
GARANTÍAS A LAS FAMILIAS
"Se trata de un esfuerzo por dignificar las condiciones de vida de muchas personas", aseguró el delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González. Por su parte, la regidora ripense, Aída Castillejo, reclamó que, tras la firma de este protocolo, "se puedan materializar unos plazos de ejecución que den garantías a las familias de la Cañada".
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