El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid no firmára el documento que atañe a la Cañada Real, denunciando que ha sido "impuesto" por la Comunidad de Madrid. Desde el Ejecutivo que dirige José Masa (IU) tildan de "falta de respeto institucional" la actitud mantenida por el Gobierno autonómico en las negociaciones.
gentedigital
29/4/2014 - 17:31
"Ningún responsable político de la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto con nosotros para explicarnos por qué no se aceptan las propuestas que Rivas Vaciamadrid ha sugerido al texto final", explicó el primer edil, José Masa. El dirigente político fue a más. "Están más preocupados por hacerse cuanto antes la foto. Al menos, esa es la conclusión que saco de un proceso en el que ha primado la precipitación antes que la seriedad y el rigor", añadió el regidor.
La rúbrica del documento es, en palabras de Masa, un "engaño". El planteamiento regional se basa en medidas urbanísticas "que pretenden la consolidación de la gran parte de la población del asentamiento, cuando en realidad no se aporta ni la financiación, ni las medidas sociales necesarias para reubicar a la mayoría de sus habitantes, que son personas que sufren graves situaciones de exclusión social". Asimismo, el alcalde habla de una "solución mágica" que no fija, sin embargo, el papel del IRIS (organismo encargado de los realojos). Y también opina el responsable de Urbanismo ripense, Fausto Fernández. "No clarifican quién se responsabilizará de reubicar a las miles de familias que se quedarán fuera de la regularización, ni quien asumirá la financiación del proceso de reubicación de aquellas personas que, aunque se les regularice su vivienda, no dispongan de los recursos suficientes para pagar el precio del suelo de su parcela". Para el edil, los "grandes beneficiarios" serán los propietarios de los chalés, es decir, "los que tienen dinero para asumir los gastros que se produzcan".
Desde el Consistorio mantienen que el acuerdo no contempla qué pasará con quienes queden fuera de la regularización, ni con las personas que no se encuentran entre los censados y que tienen construcciones ubicadas en los márgenes de la Cañada. "Si no resuelven estos casos, la Comunidad de Madrid será responsable de que el mayor asentamiento ilegal de este país se consolide en el tiempo", alerta Fernández. "Y esto sucede porque el acuerdo afecta solo a una parte del asentamiento", insiste.
PLAN SOCIAL
El Ayuntamiento de Rivas Vamadrid apuesta por la elaboración de un Plan Social que complete las medidas urbanísticas y de seguridad ciudadana. "Siempre hemos defendido que en la Cañada se debería crear un espacio social y urbanístico sostenible, que genere un equilibrio complejo que integre a todos sus habitantes", subraya Fernández. Y detalla cifras contundentes aportadas por servicios sociales. Dos tercios de los habitantes de la zona que permanece en el término de Rivas Vaciamadrid sufren situaciones de exclusión social y, de ellos, un tercio recibe la renta mínima de inserción. "Esto significa que 700 de las 1.132 personas censadas no podrán optar, incluso aunque logren estar en la lista de las regularizadas, a cumplir los requisitos económicos para legalizar su vivienda por no disponer de recursos suficientes", afirman fuentes municipales.
EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN
A escasos metros de las viviendas del barrio de Covibar ha ido creciendo la Cañada Real de Rivas Vaciamadrid, cuyos habitantes han acudido, durante este tiempo, a los centros de salud, los colegios y los servicios sociales municipales. "La Comunidad de Madrid le debe una explicación a nuestros vecinos", reclama Masa. "Seguiremos exigiendo que se pongan las medidas para que este asentamiento deje de serlo y que la zona recupere la normalidad que nunca debía haber dejado de tener".
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