Incertidumbre para el tren sin acabar de la C5
El Juzgado de lo Mercantil decreta la fase de liquidación para la filial de OHL n El final se dirimirá en el juzgado
Archivado en: transportes, móstoles, C5
24/3/2017 - 08:38
Un cuento inacabado. Las obras del deseado tren que uniría las localidades de Móstoles y Navalcarnero empiezan como todo cuento infantil: "Hace ya muchos años". Y es que el que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid acabe de decretar la apertura de la fase de liquidación en el concurso de Cemonasa, la filial de OHL y concesionaria de los trabajos, lo que supone un nuevo capitulo de un proyecto cuyas obras arrancaron en 2008 y se paralizaron en 2010.
Desde entonces, muchas han sido las reclamaciones que tanto el Ayuntamiento que en este tiempo ha cambiado de color (el periodo hasta 2015 fue regido por los populares, mientras que ahora Gobierna una coalición con PSOE, Ganar e IUCM-LV), como el Ejecutivo regional han hecho a la empresa para que reanudase su compromiso. Nada de eso sirvió para que los vecinos de ambas zonas les llegase el "último tren a la estación". La concesionaria llegó a reclamar en 2015 la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y pidiendo millones de indemnización.
A inicios de 2017, tras las informaciones de que la empresa había empezado a retirarse, el Gobierno regional anunció su intención de emprender las medidas judiciales necesarias, a lo que se sumaba el Ejecutivo local. La pasada semana incluso se conocía que abrirían expediente reclamando a OHL una cifra cercana a los 300 millones de euros, según han confirmado fuentes de la Consejería de Transportes. Algo que hoy cae en saco roto tras la apertura de la liquidación, puesto que será en lo judicial donde finalmente se dirima esta historia.
Que trae consigo
La apertura de la fase de liquidación conlleva, entre otros efectos, el cese de las facultades de administración y disposición patrimonial del órgano de administración de Cemonasa, su disolución y la liquidación de todos sus bienes y derechos, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A ello se suma la resolución del contrato de concesión suscrito el 2 de enero de 2008 entre Cemonasa y la Comunidad de Madrid y el nacimiento de la obligación de pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por parte del Ejecutivo autonómico.
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