Nace el nuevo servicio 112 contra la okupación
La Comunidad pondrá todas sus herramientas para ayudar a las personas afectadas. Una de las prioridades es que los okupas no aprovechen los resquicios legales.
Enrique López presentó esta semana el nuevo servicio
Se establece una actuación exprés para tramitar el desalojo
GENTE
15/7/2022 - 00:57
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha esta semana, tras varios retrasos desde su anuncio hace casi dos años, el nuevo servicio 112 Ocupación, que ofrecerá atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados través del teléfono 900 205 112.
Con una sola llamada, los perjudicados tendrán a su disposición todos los recursos disponibles de la Administración autonómica para hacer frente a estos delitos contra la propiedad privada. En la actualidad, en la región hay unas 4.300 viviendas afectadas por este grave problema.
PROTOCOLO
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, explicó que esta estrategia cuenta con un Protocolo Social de actuación en procedimientos judiciales de desalojo de viviendas okupadas. "Esta es una medida muy importante, que tapona un resquicio que aprovechaban los ocupantes ilegales, porque una de las circunstancias que puede impedir la obtención de autorización judicial es la presencia en el domicilio ocupado ilegalmente de personas pertenecientes a colectivos vulnerables o con riesgo de exclusión social, fundamentalmente menores", señaló López.
Así queda establecida una actuación exprés, con la activación inmediata de todas las administraciones implicadas, la tramitación rápida del expediente de recuperación, la movilización de las áreas de inspección y sociales y la plasmación del Informe Socioeducativo. Una vez recopilada la información de los Servicios Sociales se notificaría a los Juzgados, y nada impediría la adopción de las medidas pertinentes.
"La Comunidad de Madrid da un paso al frente, diciendo no, alto y claro, a los delitos relacionados con la ocupación ilegal de viviendas", señaló el consejero, que añadió que somos "conscientes de que la legislación estatal necesita ser reformada de manera urgente, ya que está permitiendo, gracias a una serie de lagunas, que quienes cometen este tipo de delitos, se beneficien injustamente de la situación de indefensión en la que muchas veces quedan sus víctimas".
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