El Ayuntamiento de Madrid aprueba de forma definitiva el proyecto de urbanización, antesala a la construcción de las primeras viviendas. Su plazo de ejecución es de 18 meses.
Archivado en: urbanismo, Carabanchel
M. H. Navarro
19/2/2021 - 00:29
El Ayuntamiento de Madrid aprobó de forma definitiva la semana pasada al proyecto de urbanización del Área de Planeamiento Específico (APE) ‘Cocheras de Buenavista', situado en la avenida de Carabanchel Alto, 21, en el barrio del mismo nombre de Carabanchel. La superficie total del ámbito de actuación es de 38.314 metros cuadrados, de los que 27.574 estarán destinados a dotaciones públicas (viario, zonas verdes y equipamientos) y 10.740 a uso residencial,
El proyecto, promovido por Pryconsa, se ejecutará por el sistema de compensación y será supervisado por el Área de Obras y Equipamientos. El presupuesto asciende a 6,2 millones de euros y el plazo de ejecución será de 18 meses.
Los trabajos se desarrollarán en dos fases, según se actúe en la zona Este u Oeste del ámbito, y supondrán la transformación de este espacio en calles, parques públicos y parcelas acordes con el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM).
Además, se dotará a toda el área de los servicios de alcantarillado, agua, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones y gas.
BREVE HISTORIA
El solar, utilizado como ‘dormitorio', primero de tranvías y luego de autobuses, desde 1955 hasta su clausura en 2006, llevaba desde entonces abandonado y sin uso. El Consistorio de la capital decidió cerrar estas instalaciones para trasladar los vehículos urbanos al actual Centro de Operaciones de Carabanchel, situado en la avenida de los Poblados.
Según fuentes municipales, tuvieron que pasar años para su derribo hasta que, tras un largo proceso de descontaminación, quedó libre el amplio espacio que ahora va a adquirir uso residencial.
La venta de esta parcela por parte de Cibeles en julio de 2018 por 18 millones de euros, levantó las críticas de los partidos de la oposición que consideraron que se hacía muy por debajo del valor catastral, que ellos estimaban en 48 millones. Además, las voces críticas defendieron la cesión a la EMVS para llevar a cabo vivienda pública para alquiler social.
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