Siete responsables de salud y prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid están acusados de homicidio imprudente.
gentedigital.es
06/2/2020 - 14:05
Las viudas de dos trabajadores de Metro de Madrid víctimas del amianto testificarán hoy ante la juez de Instrucción número 23 de Madrid, María Isabel Garaizaba, en la causa en la que se investiga su fallecimiento tras exponerse al amianto a instancias de una denuncia de la Fiscalía de Madrid.
La citación se fijó para el pasado 16 de diciembre, pero finalmente las comparecencias se aplazaron. Ese día, Eugenia Martín, viuda del primer trabajador de Metro de Madrid que falleció, reclamó "Justicia" y que "los responsables paguen por lo que han hecho".
A finales de julio, la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra siete responsables de salud y prevención de riesgos laborales de la empresa Metro de Madrid por homicidio imprudente en relación a la muerte de dos empleados de mantenimiento de Metro tras exposición al amianto.
El fiscal les imputa la presunta comisión de tres delitos: uno contra los derechos de los trabajadores y los otros dos por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. Tras abrir una investigación, la instructora fijó las declaraciones de los investigados para este mes de diciembre, pero finalmente fueron aplazadas al próximo marzo.
DENUNCIADOS
Los denunciados son F. L. O., responsable de la Unidad de Prevención y Salud Laboral desde el 6 de noviembre de 2003 hasta el 24 de enero de 2012; P. S. A. L., gerente de prevención laboral desde el 1 de enero de 2011 al 17 de noviembre de 2009; J. N. D. coordinador de Prevención de Riesgos laborales desde el 1 de mayo de 2015 a la actualidad; B. R. R., Coordinadoras de Prevención de riesgos laborales desde el 1 de diciembre de 2009; y E. F. C. G., responsable del Servicio de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de enero de 2012 a la actualidad.
También están denunciados J. M. G., responsable del Área de Prevención y Salud Laboral, desde el 6 de noviembre de 2015 a la actualidad; J. O., perteneció a la Gerencia de Mantenimiento de Material móvil en diferentes áreas desde abril de 2003 a 31 de diciembre de 2005.
CONCENTRACIÓN
Por su parte, el Comité de Empresa de Metro de ha convocado concentraciones este jueves y viernes a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, para "acompañar y arropar" en las declaraciones judiciales a los afectados por amianto".
Inicialmente, estas declaraciones estaban previstas para los días 3, 12, 16, 17 y 18 de diciembre de 2019, pero se han retrasado a los días 6, 7 y 12 de febrero y a los días 4 y 17 de marzo de 2020, ha recordado el órgano en una circular.
El Comité de Empresa de Metro acusa a la dirección y a las administraciones que gestionan Metro de Madrid de "dilatar el proceso", mientras "deberían tener una verdadera voluntad de negociar, y buscar una solución lo antes posible, acordada con todos los afectados y familiares, pactando además con toda la representación legal de los trabajadores unas compensaciones justas para que las personas afectadas no tengan que estar denunciando y esperando años y años a unas sentencias judiciales firmes".
"Cada día que pasa son más los compañeros que se están viendo afectados por la exposición y manipulación del amiando durante su vida laboral en Metro de Madrid", ha señalado el comité.
Por otro lado, Metro de Madrid y la Seguridad Social irán a juicio por el porcentaje a abonar del recargo de prestación a los trabajadores del suburbano con enfermedad profesional reconocida, incluido el de los que ya han fallecido, a causa de exposición al amianto.
La compañía ha acudido a la vía judicial con una reclamación dirigida a la Seguridad Social referida al caso de Julián Martín, el caso del primer trabajador con enfermedad profesional y que falleció en 2018 por cáncer relacionado con amianto y sobre el que el Instituto Nacional de la Seguridad Social elevó un recargo de prestación del 50 por ciento, el máximo fijado.
Fuentes de Metro han explicado a Europa Press que el objetivo de esta demanda es que un tribunal establezca qué porcentaje de recarga tiene que haber para estos casos y establecer un baremo a la hora de afrontar este tipo de cuestiones. "No es que queramos evitar ningún pago, sino que se establezca qué porcentaje corresponde", han agregado.
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