La brecha salarial aumenta en la región, según un informe elaborado por UGT. La precariedad laboral y la discriminación, entre las principales razones.
Archivado en: laboral, brecha salarial, igualdad de género
Jaime Domínguez
01/3/2019 - 07:58
Las trabajadoras madrileñas cobraron durante el año 2017 un 26,6% menos que sus compañeros, según afirma el informe 'Desigualdad Salarial en la Comunidad de Madrid' que UGT presentó la semana pasada. El sindicato se basa en los datos publicados por la Agencia Tributaria en la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones sobre las declaraciones anuales del Modelo 190 que presentan todas las entidades que pagan salarios, pensiones o prestaciones por desempleo.
En concreto, el estudio cifra en 28.787 euros los ingresos medios anuales de los varones, mientras que las mujeres se quedan en 21.112, una diferencia de 7.675 euros al año. Los responsables sindicales señalan que esta brecha salarial se ha incrementado con respecto a otros ejercicios anteriores.
"ROSTRO DE LA POBREZA"
A la luz de estos datos, la secretaria general de igualdad de UGT Madrid, Ana Sánchez, ha señalado que el "rostro de la pobreza" en la Comunidad es femenino y ha añadido que las mujeres no comparten "el mismo estado de bienestar que los hombres". En cuanto a las causas, Sánchez ha apuntado a factores como la precariedad laboral, ya que existen muchos más contratos temporales para las mujeres.
Otros de los motivos son la baja remuneración y la infravaloración que tienen los empleos mayoritariamente por las madrileñas, la discriminación por parte de ciertos empresarios a la hora de aplicar incentivos o bonificaciones a sus empleadas o la escasa presencia femenina en los puestos de liderazgo. También influye el hecho de que suelen ser ellas las que se ocupan de los cuidados familiares, lo que les impide desarrollar en ocasiones su carrera profesional.
SOLUCIONES
Una vez expuesta la situación, UGT plantea como solución la elaboración y puesta en marcha de una Ley de Igualdad Salarial, que supondría la creación de un órgano público en el que se puedan manejar datos reales de empresas, con representación de diferentes interlocutores sociales, y obligar a las compañías de 25 trabajadores o más a someterse a auditorías periódicos de igualdad salarial, además de crear un registro público en el que registren las retribuciones.
Otra de las propuestas es sancionar económicamente a los que no respeten la normativa y controlar los complementos salariales.
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