El grupo municipal socialista llevará a los tribunales la venta de viviendas construidas por la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo) que tuvo lugar en julio de 2013. Así lo aseguró su portavoz, Jaime Lissavetzky, en la visita que realizó el 14 de abril a las antiguas promociones públicas del PAU de Carabanchel.
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gentedigital.es/ M. H.
14/4/2014 - 17:30
"Convertiremos esta denuncia política en una denuncia jurídica ya que desde el gobierno municipal no hacen más que esperar a que caigan las hojas del calendario sin pensar en la situación de sufrimiento personal que están viviendo estos vecinos", comentó Jaime Lissavetzky. El portavoz socialista, acompañado de los concejales Pablo García-Rojo y Gabriel Calles, conversó con algunos de los vecinos afectados por la venta de sus casas a un fondo de inversión por 125,5 millones de euros.
"Son 150 pisos que se venden a lo que algunos llaman fondos buitre, que no tienen ni alma ni corazón ni sensibilidad", indicó Lissavetzky, quien subrayó que "este dinero lo necesitaba la alcaldesa Ana Botella para hacer caja por su mala gestión, para reponer la deuda del Ayuntamiento, la más elevada de España, más alta que la de París".
Los socialistas incidieron en que se trata de un suelo público, de un edificio público, de viviendas públicas, pagadas con el dinero de todos, que ahora se convierten en algo privado. "Y lo hacen con los vecinos que viven dentro", explicó Lissavetzky, quien recordó que estos tuvieron que pasar por una serie de requisitos y unas listas de espera para acceder a estos pisos y que muchos de ellos llevan aquí casi diez años.
"Lo peor es la inseguridad jurídica que están viviendo", denunció el edil. El PSOE aseguró que en un primer momento se les dijo que se subrogaban a ese fondo con todos sus derechos, pero ahora se les está diciendo otra cosa. "Les están cambiando las condiciones, no tienen derecho de tanteo y retracto y se les pide que abonen unas cantidades que antes no debían de pagar e incluso a algunos se les ha amenazado ya con el desahucio", comentaron.
"Esto es una vergüenza para la trayectoria de vivienda pública que tiene Madrid, su Ayuntamiento y su Comunidad", reprochó Lissavetzky que aprovechó la ocasión para pedir a la regidora que dé marcha atrás. "Como no escucha ni tiene sensibilidad social para acceder a esta petición nos hemos puesto a disposición de los vecinos para acompañarles en sus trámites judiciales que permitan revertir esta situación que ha creado Ana Botella", sentenció Lissavetzky.
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