Mucho se está hablando, en las últimas semanas, sobre la futura reforma de la Política Agrícola Común y sobre la gran cantidad de inconcreciones y generalidades de la propuesta actual de la Comisión Europea. La situación económica de muchos sectores agrícolas y ganaderos es tan precaria que en este debate podemos quedarnos sólo con cuantas subvenciones vendrán a nuestro país y para qué personas o sectores se destinarán.
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José Manuel de las Heras, Coordinador Estatal de La Unión de Uniones
22/12/2010 - 17:48
Siendo esto importante en el momento actual no deberíamos olvidar que a medio plazo depender de las subvenciones, tanto o más que de los precios, no deja de ser una forma de ir permanentemente caminando con muletas. Cuando uno está cojo indudablemente las necesita, pero entiendo que lo que debemos desear es recuperar la salud como sector económico y poder caminar libremente; es decir, los agricultores y ganaderos debemos fijarnos como objetivo ser capaces de vivir de lo que en el mercado obtengamos con unos precios razonables para nuestros productos. Todas las medidas que nos alejen de ese objetivo, o contribuyan a diseñarnos un futuro de permanente subsidio, acabaran perjudicándonos.
Como prueba de lo anterior podríamos citar muchos ejemplos, pero uno bastante elocuente es lo que ha pasado con la aplicación de la última reforma de la PAC de 2003 en nuestro país. Si hacemos balance, los datos de lo ocurrido son muy claros; ha venido más dinero procedente de Bruselas para España, es cierto, sin embargo ha habido una importante reducción del número de empleos en el sector agrario y, a pesar de ello, se ha producido también un descenso de las rentas.
A principios de este año la aplicación de las políticas agrarias tenía el dudoso honor de haber bajado las rentas reales de agricultores y ganaderos (y no las que se hacen por ocupado con formulas muy discutibles) al nivel de 1990, es decir de hace veinte años.
Por eso, estamos comprobando que lo de que el país recibe más subvenciones, dicho así en general, no significa más renta para los agricultores activos, o los profesionales; pero es que además los consumidores tampoco han salido bien parados ya que han acabado pagando importantes aumentos de precios en su cesta de la compra.
Por tanto, en este momento que se abre el debate de lo que va a ser en el futuro la PAC, deberíamos exigir a las instituciones españolas y europeas claridad y coherencia en lo que se aprueba para el futuro del mundo rural.
Desde La Unión de Uniones no nos asusta una PAC con mayores compromisos medioambientales si los costos adicionales pueden compensarse o trasladarse a los precios y si se aplican estos compromisos a los procesos productivos en todos los países que quieran vender productos en los mercados internos de Europa. Tampoco le tenemos miedo a la libre competencia, (aunque sabemos que son necesarias medidas reguladoras del mercado, que eviten una gran volatilidad de los precios), la competencia es positiva pero tiene que ser leal.
Lo que no puede ser es que solo en Europa se apliquen normas cada vez más exigentes, cuyo objetivo parece ser el de tranquilizar a la opinión pública en determinadas cuestiones, mientras se encarezcan permanentemente los costes de producción internos y se practique la hipocresía de exigir a sus agricultores lo que les perdona a todos los demás productores del mundo, a los que se les permite acceder a las casas y neveras de nuestros consumidores.
Es exactamente lo contrario del principio que se ha estado esgrimiendo hasta ahora, el de la preferencia comunitaria. Lo que supone facilitar por la convincente vía de los precios que los consumidores, a partir de ahora, prefieran lo de fuera.
Todo esto supondría, y ya estamos camino de ello, una Europa abierta a toda clase de productos del tercer mundo producidos en clara competencia desleal, en lo fiscal, en lo laboral y ahora, con esta PAC llamada verde, también en lo medioambiental.
El problema no es que a los agricultores españoles se nos limite severamente, en amplias zonas del país, extraer suficiente agua por hectárea para regar los cultivos, porque nuestros regadíos deben ser sostenibles, o que se nos obligue a pagar el coste de la energía eléctrica bastante más cara que en otros países, porque hay que pagar la inversión en energías renovables; o que se limite la cantidad de nitrato por hectárea para evitar la contaminación de las aguas para no contaminar nuestros ríos, o que se retiren subvenciones si los tractores no han pasado la ITV y emiten mucho CO2 etc, etc,. Todo esto, en contra de los que mucha gente cree, puede no ser el problema. El problema es que se admita en los mercados de Madrid, Paris o Berlín el producto marroquí, tunecino o brasileño, producido con todas esas condiciones que aquí se prohíben.
Entonces las autoridades europeas parecen olvidarse de los salarios no pagados, los inexistentes impuestos, de los productos fitosanitarios que allí permiten y aquí prohíben, que las aguas contaminadas de esos países acaban donde desembocan todos los ríos, en los mismos mares; que las emisiones de sus tubos de escape y chimeneas producen los mismos daños medioambientales y produciendo el mismo efecto invernadero en el mismo planeta.
Por lo tanto que los políticos y funcionarios no nos tomen por bobos por qué no lo somos. O se recupera para la nueva PAC el principio de preferencia comunitaria, se aumentan los requisitos de los productos que se importen de terceros países hasta igualarlos con los nuestros o que no piensen que vamos a quedarnos de brazos cruzados ante tanta incongruencia, porque vamos a luchar por nuestro futuro, al menos los que estamos dentro de la Unión de Uniones.
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