Juicio desde el lunes contra el exconcejal de Ponferrada acusado de tirar a su mujer por el balcón
La Audiencia de León sienta en el banquillo desde el próximo lunes, 11 de diciembre, al exconcejal en el Ayuntamiento de Ponferrada Pedro Muñoz, quien permaneció durante dos años en situación de prisión provisional por violencia de género tras causar graves lesiones a su esposa tras arrojar, presuntamente, desde el balcón de su casa. La Fiscalía solicita una condena global de más de 18 años de cárcel por distintos delitos, entre ellos lesiones agravadas.
Archivado en: Ponferrada, Pedro Muñoz, violencia de género
gentedigital.es / Europa Press
05/12/2023 - 13:42
La vista la celebrará la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia de León a través de cinco sesiones que se iniciarán el lunes y concluirán, en principio, el día 21 de diciembre, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Muñoz entró en prisión provisional al ser acusado de la supuesta agresión sufrida por su mujer, Raquel Díaz, entonces compañera de partido, después de que presuntamente la empujara al vacío por la terraza de su vivienda y quedara parapléjica a causa de las graves lesiones sufridas.
La acusación pública no se le imputa por delito de intento de homicidio porque el político llamó al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León para pedir asistencia sanitaria.
En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Fiscal solicita para el exedil de Coalición por El Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada una condena global de dieciocho años y nueve meses de cárcel por los delitos de violencia habitual, maltrato en el ámbito familiar, injurias, amenazas y, el más grave, lesiones agravadas.
Junto a la pena privativa de libertad, Fiscalía interesa la prohibición del encausado de acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier vía durante 42 años y medio, prohibición de tener armas durante 16 años, una indemnización para su ya exesposa que supera el millón de euros, las costas del proceso judicial y 74.000 euros para el Sacyl y otros 48.000 para el Hospital de parapléjicos de Toledo por la asistencia sanitaria prestada a la víctima.
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