En vísperas del paro general convocado por las principales centrales sindicales del país, el Círculo Empresarial Leonés (CEL) quiere dejar clara su posición como patronal y expresar su desacuerdo con dicha huelga "por no entender las razones por las que ha sido convocada", ni los objetivos que se persiguen con tal convocatoria, y al mismo tiempo resaltar los serios perjuicios que ocasionará a la economía nacional y provincial.
Archivado en: CEL, Círculo Empresarial Leonés, Aurelio Rubio, Huelga general, León
gentedigital.es
27/9/2010 - 13:48
El CEL ha svalorado que el coste económico de la huelga general en León en torno a los 30 millones de euros, haciendo un cálculo aproximado con la cifra del PIB provincial, que según los datos consolidados del INE de 2006 ascendió a 9,58 mil millones de euros y el número de días del año. Además destaca que la renta disponible de las familias se reducirá en 22 millones de euros como consecuencia de este paro.
El Círculo ha dicho que respeta "escrupulosamente" el derecho a la huelga de todo trabajador, como así lo recoge en primer lugar la Constitución Española, en sus artículos 28 y 37.2 y el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 4. Pero ha recordado que, al igual que está consagrado constitucionalmente el derecho a la huelga "también lo está la libertad de todo trabajador de no secundarla y acudir a prestar su trabajo y desempeñarlo pacíficamente". "En consecuencia, hemos de recordar que es ilegal toda acción que impida o coaccione a los trabajadores respecto a su acceso a los centros de trabajo o que altere la pacífica prestación de sus servicios. La actitud de los empresarios no debe ser complaciente ni tolerante con los excesos o actitudes violentas que pudieran derivarse de esta huelga, por lo que instamos a los empresarios a que comuniquen, o en su caso, denuncien aquellos incidentes que pudieran suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores, equipos y materiales de las empresas", ha señalado el vicepresidente del CEL, Aureliio Rubio.
Por lo tanto, el CEL pide a los empresarios que abran con normalidad sus empresas y negocios y que no se sientan coaccionados por los piquetes informativos, "que serían ilegales si trataran de impedir el libre ejercicio de cualquier derecho, tanto empresarial, como laboral", ha indicado.
También ha querido recordar a los empresarios que el cierre patronal “defensivo” se contempla también como un derecho constitucional (art. 37.2) si tuviera que llegarse a ese extremo ante situaciones de riesgo o amenaza, y que debe comunicarse a la autoridad laboral en un plazo de 12 horas. "Al mismo tiempo, pedimos a las autoridades competentes que garanticen el derecho a trabajar durante la jornada del 29 de septiembre y que los servicios públicos esenciales funcionen con normalidad, de tal manera que se garanticen unos servicios mínimos suficientes".
EL DIFÍCIL DILEMA DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
El CEL ha manifestado que no permanece ajeno a la complicada situación que vive de nuevo la minería del carbón en la provincia de León, "un sector vital para varias comarcas leonesas, pero nos preocupa especialmente la problemática social que se deriva de un hecho como el posible fin del carbón en nuestras cuencas".
"Siempre hemos defendido, y ahora también, la condición estratégica del mantenimiento de la producción de carbón para la economía leonesa, reconociendo, no obstante, el derecho de las empresas eléctricas a optimizar sus costes con importaciones, pero garantizando unos mínimos para el carbón nacional. Con la situación actual agravada por las indecisiones sobre las ayudas al mineral por parte de la Comisión Europea, nuestra posición es la de exigir a las administraciones, tanto central como europea, claridad en su posición respecto al carbón y determinación. No es presentable que se lleve parcheando la solución a este problema con sucesivos decretos y planes de ayudas que no conducen a garantizar la viabilidad ni de las empresas ni de las miles de familias que viven de esto", ha querido aclarar el CEL.
Por lo tanto, el CEL ha pedido una solución "firme y definitiva" para esta actividad que representa cerca del 20% del PIB provincial por sus efectos multiplicadores en otros sectores como el comercio, transporte, industria auxiliar, hostelería, etc. Exigió que dejen de "enredarse" y que expliquen con argumentos sólidos si se cierran o no las minas del Bierzo y Laciana. "Eso sí, si se llegara al cierre, con un plan B de reconversión que garantice la subsistencia económica de estas comarcas y se les proporcione una salida viable y digna de futuro", ha apuntado Aurelio Rubio.
Finalmente, queremos mostrar nuestra solidaridad con los mineros de la “marcha negra” y los que permanecen encerrados en los pozos y nuestro reconocimiento por reivindicar de forma pacífica sus legítimos intereses.
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