El informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León correspondiente al año 2014 es un auténtico jarro de agua fría sobre la gestión del gobierno autonómico. Hay muy pocos datos positivos sobre la marcha de la economía y de los servicios en general. Una de las conclusiones es que la crisis se da por terminada en términos macroeconómicos, pero no a nivel de calle, familias, empresas y autónomos.
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Martínez Carrión
17/7/2015 - 08:45
Dice el CES que la recuperación económica no ha llegado a las personas. Y un síntoma claro son los datos del paro. Es cierto que se crea empleo, pero es de pésima calidad, con mayor temporalidad y, además, bajan los contratos indefinidos y suben los de a tiempo parcial. Estos datos llevan al CES a concluir que la Reforma Laboral del Gobierno central no ha cumplido sus objetivos, que ha fracasado, y que es necesaria su reforma urgente. En este sentido, urge el CES a la Junta a que desarrolle políticas sociales de apoyo a los colectivos más amenazados por la crisis, sobre todo a los parados de larga y de muy larga duración. Otro síntoma preocupante que pone en evidencia este informe es que el 20,4% de la población de Castilla y León vive ya por debajo de los umbrales de pobreza, un porcentaje superior a la media nacional y dos puntos y medio superiores al del año 2013.
Desde la Junta se podrá objetar que estos datos, correspondientes al año 2014, ya están superados en parte por la buena marcha de la economía y el descenso del paro a lo largo del primer semestre de 2015. Es cierto, pero la tendencia sigue siendo la misma. Es decir, la recuperación económica no acaba de llegar a la calle, desciende la cobertura de desempleo, crece los parados de larga duración que ya no cobran el paro y el empleo que se crea sigue siendo muy precario. Por eso, todas las recomen daciones y denuncias del CES en su informe de 2014 siguen estando vigentes en el año actual.
Propone el CES algunas soluciones, como incrementar la inversión en I+D+i, relanzar las infraestructuras vertebradoras que quedan pendientes como las autovías del Duero, la León-Valladolid o la León-Braganza, en Portugal; modificar el modelo de financiación autonómica, crear una mesa para dilucidar el futuro del carbón, avanzar en la reordenación del territorio, cubrir mayor demanda de la renta garantizada ciudadana, reducir el tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas, facilitar la creación de un parque de vivienda de alquiler, reformar el proyecto de lucha antiincendios, actualizar el sistema de becas ya adaptar las tasas académicas a la renta ciudadana, entre otras medidas.
Lo curioso de todas estas propuestas es que son repetitivas, tanto por parte del CES como por parte del gobierno de Castilla y León. Si se hace una relectura de todos los discursos de investidura del actual presidente de la Junta o de los discursos del debate del estado de la comunidad, se verá que todas estas recomendaciones aparecen enunciadas y prometidas en esos discursos. Lo que sucede es que no se cumplen, así de sencillo. Años se viene hablando, por ejemplo, de la necesidad de la reordenación del territorio para luchar contra el envejecimiento, la despoblación y la escasa rentabilidad de los servicios básicos, pero su falta de aplicación sigue siendo una pesada losa que frena el desarrollo de Castilla y León.
Ahora, sí ha cambiado algo. El PP no tiene mayoría absoluta para gobernar y su apoyo puntual, es decir Ciudadanos, tiene la oportunidad de presionar a Herrera para que ejecute, de una vez por todas, algunas de las recomendaciones del CES, recomendaciones que están tanto en el programa del PP como en Ciudadanos. A ver si hay suerte y Herrera, por fin, cumple, aunque sea a presión.
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