Cermi solicita a la Fiscalía que no ejerza la acción penal contra los padres de un alumno con discapacidad de León
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se ha dirigido al titular de la jefatura de la Fiscalía provincial de León y al Fiscal General del Estado para instar al Ministerio Público a que renuncie a ejercer la acción penal contra los progenitores de un alumno con discapacidad intelectual, residente en León, cuya familia se niega a que sea escolarizado en un centro de educación especial, como ordena la administración educativa.
Archivado en: Cermi, León, alumno con discapacidad
gentedigital.es / Europa Press
16/6/2014 - 19:17
Los padres del menor se han visto inmersos en un proceso criminal por un delito de abandono familiar y se enfrentan a una condena penal, han informado fuentes de Cermi, que han agregado que la petición de educación inclusiva para su hijo "está basada en el derecho humano a la educación inclusiva, reconocido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada y ratificada por España".
Según el comité, se trata de "una aberración moral y jurídica que una persona o una familia tengan que enfrentarse a un juicio penal por desear ejercer el derecho a la educación inclusiva que le otorga la legislación internacional en materia de derechos humanos". Además, ha criticado que las administraciones educativas "no garanticen plenamente la educación inclusiva", sino que la "obstaculicen con interpretaciones y prácticas contrarias a los derechos de las personas con discapacidad".
Por ello, Cermi ha presentado queja contra España ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas "por mantener una legislación que no asegura la educación inclusiva de las personas con discapacidad" y porque la normativa nacional está "en clara contradicción con el tratado internacional de derechos de la discapacidad".
En este sentido, Cermi ha censurado que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada recientemente, porque "no ha adaptado la legislación española a los mandatos, principios y valores de la Convención de Naciones Unidas de 2006, lo que hace que España esté en situación de incumplimiento palmario de obligaciones internacionales".
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