Miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han imputado a ocho personas, responsables de cuatro empresas relacionadas con el transporte y la gestión de residuos, por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, al verter residuos de manera incontrolada sin su tratamiento en centros autorizados.
Archivado en: escombros, delito, Ponferrada, Astorga, 22 detenidos
gentedigital.es/Europa Press
06/11/2013 - 12:43
En concreto, en el marco de la 'Operación Reciclaje V', se ha imputado a cinco vecinos de Ponferrada y tres de la localidad de Astorga, con edades comprendidas entre los 36 y los 66 años, han informado fuentes del Instituto Armado.
Dentro de este control que se efectúa a las empresas generadoras, transportistas y gestoras de residuos que operan en la provincia de León, se ha observado un "grave" incumplimiento de la normativa medioambiental, ya que se ha comprobado cómo empresas en las que su principal actividad mercantil gira en torno al transporte o tratamiento de residuos, vierten los mismos de manera incontrolada e irregular, de manera que evitan los costes que genera el llevarlos a un centro de tratamiento autorizado.
En las investigaciones se ha comprobado que el modus operandi utilizado por una de las empresas investigadas consistía en retirar los contenedores de residuos e, incumpliendo su obligación de entregarlos a un gestor autorizado, los vertía en un vaciado de obra, para posteriormente cubrir los mismos con tierra vegetal.
Se estima que se han enterrado unos 3.600 metros cúbicos de residuos vertidos sin ningún tipo de control previo de separación de materiales, mezclados incluso con otro tipo de residuos que tienen un tipo de gestión específica con el consiguiente perjuicio y riesgo para el medio ambiente.
Las otras tres empresas investigadas, que ejercían su actividad en la comarca de La Maragatería, también estaban dedicadas al transporte y la gestión de residuos, aunque en su caso entregaban en planta una mínima cantidad para justificar su actividad, gestionando el resto de manera ilegal, contraviene lo establecido tanto en el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, así como lo establecido en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.
PENAS DE PRISIÓN
Las mismas fuentes han recordado que el Código Penal establece penas para estas conductas de hasta dos años de prisión. Además, la Guardia Civil ha recordado que las empresas dedicadas a la recogida o transporte de los residuos de construcción y demolición están obligadas a entregar los residuos para su tratamiento a una empresa autorizada, así como disponer de acreditación documental de las entregas.
En esta línea, han incidido en que los vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición generan un "gran impacto ambiental", contaminando los suelos, los acuíferos y produciendo un gran deterioro paisajístico, y han explicado que el hecho de que el poseedor esté obligado a sufragar el coste de la gestión de los residuos hace que el mismo busque la manera de evitar o en su caso minimizar esos gastos mediante el abandono de residuos en lugares insólitos o su vertido clandestino en vaciados de obra o en vertederos clandestinos.
Para evitar esto, la legislación actual exige (excepto reparación domiciliaria), que el poseedor entregue al productor un certificado que acredite la correcta gestión de los mismos y que se ha entregado en una planta autorizada, promoviendo de esta manera el adecuado tratamiento de los mismos.
En el transcurso del último año y medio, el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de la Comandancia de León ha realizado otras cuatro Operaciones por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente con un total de 22 detenidos e imputados y más de 50.000 toneladas de residuos vertidos irregularmente.
En este caso, los imputados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Ponferrada y del Juzgado de Guardia de Astorga respectivamente.
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