El proceso de despoblación de la mayor parte de la Provincia de León se está traduciendo en una rápida pérdida de residentes en las dos terceras partes del territorio. Sólo 69 municipios de los 211 totales tenían más de 1.000 habitantes en el padrón de 2012 y la cifra decrece cada año. Existen casos extremos, como los de 23 municipios que no llegan a los 200 habitantes.
Archivado en: Juntas vecinales, Proyecto León
Proyecto León
18/10/2013 - 10:41
En esta situación la operatividad de las entidades municipales se ve aún más mermada por la escasez de recursos y la obligatoriedad de unos gastos fijos que no guardan proporción con el número de ciudadanos atendidos.
En Proyecto León, que llevamos años defendiendo la fusión municipal como medio principal para paliar esta situación, reflexionamos desde hace tiempo sobre cómo garantizar los servicios a que todo ciudadano tiene derecho en estas zonas semiabandonadas. La situación de la provincia leonesa es trasladable al resto de la Región Leonesa, a Galicia, a Castilla y a todos los lugares donde no se ha efectuado una concentración municipal o ésta ha quedado ya desfasada. Por ello el modelo que proponemos puede ser interpretado en una clave más global.
León cuenta con los seculares concejos -representados hoy por las juntas vecinales-: reuniones de vecinos que gestionan la vida y propiedades del común en nuestros pueblos. Estas instituciones son capaces de movilizar los recursos humanos disponibles en cada núcleo para acometer mejoras, reparaciones, suministrar servicios, etc, así como de generar y administrar nuevos recursos económicos. En Proyecto León pensamos que esa capacidad no debe perderse, aunque las hacenderas no puedan realizarse para las mismas labores ni con la misma intensidad de antaño. No nos cabe duda de que las comunidades rurales que quieran subsistir han de llegar a un equilibrio entre lo que conocemos convencionalmente como servicios públicos y el compromiso de los vecinos en ciertas iniciativas.
Observamos que son muchas las entidades de población sin personas en edad de contribuir al esfuerzo común de manera efectiva o bien sin apenas habitantes. Por eso es una prioridad que frente a las ambiciones de otras instituciones se proteja el patrimonio comunal y se liguen sus beneficios al pueblo de origen. Creemos que se puede actuar concentrando Juntas Vecinales no viables (por la edad de los habitantes, por falta de población...) con otras contiguas que sí estén operativas, con el compromiso legal y efectivo de que los beneficios procedentes de su patrimonio siempre repercutan en la población de origen, algo que beneficia a todo su entorno, y que ayudará a establecer nueva población. Esta es una forma de movilizar los pocos recursos humanos que quedan en comarcas como Omaña, Riaño o La Cabrera sin sufrir el expolio a que la Ley de Bases de Régimen Local conduce.
Por otro lado pensamos que en estas zonas se deberían concentrar los Ayuntamientos en las cabeceras comarcales formando cámaras municipales desde las que se aporten recursos y apoyo a las Juntas Vecinales, así como asistencia y asesoramiento por un cuerpo de secretarios municipales. De esta forma, los servicios que pudiesen delegarse con cofinanciación quedarían en manos de las Juntas, supervisados desde la cámara municipal, y los no delegables serían asumidos por las propias cámaras. Que la reforma de las administraciones públicas no contemple los concejos como forma básica de organización para proyectar la vida rural sobre todo en las zonas más despobladas, nos parece una pésima noticia producto del desconocimiento de esta institución.
Un ejemplo de éxito de esta organización es Portugal, en el vecino Tras os Montes. El Distrito de Bragança, similar institucionalmente a nuestra provincia y con un tercio de su extensión, cuenta con 12 municipios que dan asistencia a un extenso territorio con el apoyo de las 284 freguesías que, en muchos de los cientos de pueblos, existen. Con esa red se garantizan los servicios básicos con un gasto de administración razonable.
En conclusión, Proyecto León cree que en los 10.000 km2, dos tercios del territorio de nuestra provincia donde residen menos de 70.000 personas, hay que replantear totalmente la arquitectura de prestación de servicios públicos. ¿Cómo? Concentrando la gestión administrativa y política para hacerla viable y sostenible; manteniendo el concejo como medio más próximo de gestión directa, concilio que tiene más poder de movilización de los vecinos como colectividad que cualquier otra institución y que esta incrustado en nuestro corazón de leoneses. Los ciudadanos que quieran servir a la comunidad tienen en los concejos y en sus juntas vecinales la oportunidad de hacer de nuestras comarcas lugares sostenibles, con servicios dignos y una sociedad civil entregada a la resolución de sus propios problemas.
En esta tarea de diseñar un nuevo esquema político-administrativo de la administración local se antoja indispensable la implicación decidida y generosa de los políticos locales. Las resistencias observadas por parte de algunos deben cesar para así dedicar todos sus esfuerzos a conseguir el bienestar de los ciudadanos. Ese bienestar se alcanza a través de la mejor prestación de servicios posible, aunque ello suponga que algunos cedan el bastón de mando en aras de lograr una óptima utilización de los recursos públicos.
Proyecto León lo forrman: Gregorio G. Aller.
Javier Callado.
María del Carmen Fernández.
Maite Fernández.
Roberto Fernández.
Anselmo Reguera.
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