El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la autorización ambiental y la autorización de inicio de actividad a la fábrica de cemento de La Robla (León) para actuar como incineradora, que sí habían sido otorgados por la Junta en los años 2008 y 2010.
gentedigital.es/Europa Press
19/9/2013 - 12:29
Estos permisos que han sido anulados permitían la utilización de la fábrica de cementos como una instalación de residuos y la autorizaban a quemar hasta 33.000 toneladas al año de neumáticos fuera de uso, según ha informado este jueves Ecologistas en Acción (EA) de León.
Durante los últimos años, han explicado las mismas fuentes, se han incinerado más de 90.000 toneladas de este residuo, que ha sido en gran parte importado desde otras comunidades autónomas y también desde Francia.
En la autorización que ha sido anulada por el TSJCyL, la Junta había eximido a la empresa propietaria de la fábrica de cemento del cumplimiento del valor límite de emisión del contaminante dióxido de azufre, ha denunciado el grupo ecologista
Según ha informado el TSJCyL, "dados los problemas de contaminación atmosférica existentes en La Robla, no podían autorizarse, como se ha hecho en la Orden impugnada de 30 de mayo de 2008, unos valores de emisión superiores a los permitidos en el Real Decreto 653/2003", ha explicado Ecologistas en Acción.
El TSJ también ha recordado en su sentencia que "la presunción de riesgo para la salud de los habitantes de La Robla se fundamentan en el propio Plan de Actuación para la Mejora de la Calidad del Aire en la Zona de La Robla, aprobado por la Junta de Castilla y León en 2009".
Finalmente, el TSJ también ha anulado la autorización de inicio de la actividad por haberse otorgado a pesar de haber comprobado la Administración el incumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental original, algo que los ecologistas han criticado porque, en su opinión, "raya la prevaricación".
Ecologistas en Acción ha valorado esta sentencia como "muy importante" y ha considerado que "pone de manifiesto el desprecio por la salud pública de las autoridades ambientales regionales". Por esta razón, ha apelado al Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, a "que abra un proceso de diálogo con todos los agentes implicados para consensuar la redacción del nuevo Plan de Residuos de Castilla y León".
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