El juez de Instrucción número 5 de Ponferrada ha puesto en libertad a un acusado de un delito de estafa, después de que al haberse cumplido el plazo máximo que la ley permite para tener a un imputado en prisión provisional a la espera de juicio. La prórroga del plazo máximo en prisión provisional (dos años) sólo es posible cuando se dan unas "circunstancias excepcionales" previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no se cumplen en este caso, tal como recoge el juez en su auto.
Archivado en: Ponferrada, estafa, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
gentedigital.es / Europa Press
05/7/2013 - 13:41
Esas circunstancias versan fundamentalmente sobre el tiempo que falte para celebrar el juicio, la posibilidad de que el acusado destruya pruebas, y la posibilidad de riesgo de fuga, Según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). En este sentido, los argumentos considerados por el Juzgado respecto a estas circunstancias son que no ha terminado la investigación, falta por realizar diligencias que ha solicitado el Ministerio Fiscal y "no se sabe cuándo se podrán finalizar".
Asimismo, establece que "no se puede asegurar la adecuada tramitación del proceso en un tiempo razonable", ni se puede "aventurar una fecha en que se podrá remitir al tribunal juzgador", debido a los "insuficientes" medios de personal con los que cuenta este Juzgado y que éste es también el competente en materia de violencia sobre la mujer, los cuales exigen un trámite preferente frente a otros.
Por otro lado, la parte económica del proceso se tramita en el Juzgado de lo Mercantil de León, por lo que la recuperación del dinero dependerá del resultado de ese proceso, mientras que el acusado, cuya identidad responde a las iniciales F.P.V, ha sido inhabilitado desde el punto de vista mercantil.
El auto del juez subraya que todas las pruebas documentales y testificales ya se han practicado, por lo que "no existe riesgo de que el imputado destruya pruebas".
NO HAY RIESGO DE FUGA
En relación con el riesgo de fuga, en julio de 2011 al acusado se le impuso una fianza de 200.000 euros para salir de prisión provisional que no ha depositado, de modo que "si tuviera los 200.000 euros hubiera salido de prisión" y, si alguien se lo prestase, "estaría en libertad sin tener en cuenta el riesgo de fuga".
A partir de ahora, al acusado se le impone la obligación de acudir todos los días al Juzgado, la prohibición de salir del territorio peninsular nacional --tampoco puede salir para ir a las islas españolas-- y la retirada del pasaporte.
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