Cada vez se prodiga más la contratación de personal de confianza y personal laboral externo para el desempeño de funciones burocráticas y administrativas que, por ley, sólo están encomendadas a los funcionarios de carrera; de esa forma, consiguen ir apartando de sus funciones legales a éstos y otorgando las mismas a personas que entran a formar parte de la administración por la puerta trasera sin ningún procedimiento selectivo, vulnerando la legislación de personal que desarrolla el artículo 103 de la Constitución Española (mérito y capacidad) además de la igualdad.
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Miguel Ángel Díez Cano
15/2/2013 - 10:08
No estoy diciendo que tales personas externas no sean válidas, todo lo contrario, pueden ser tan válidas o más que los funcionarios de carrera, pero desde luego ya saben cómo han accedido a tales puestos y, por supuesto, saben para que han accedido a los mismos, de forma que serán más obedientes y sumisos con sus superiores en lo relativo a informes, proyectos y asesoramientos que tengan que elaborar o supervisar, actividad que por descontado, un funcionario de carrera que sabe que su vida laboral depende de su buen hacer al frente de su puesto de trabajo, no va a consentir que el político de turno le arruine su vida y le utilice para hacer lo que haya que hacer a medida de lo que éste pretenda porque, sencillamente, se juegan su pan.
Estas prácticas abusivasque, por desgracia, se llevan haciendo desde hace muchos años a nivel estatal pero, sobre todo, a nivel autonómico y local, ha dado lugar a que en la C. A. de Andalucía hayan dicho "BASTA", planteándose querellas por parte de los funcionarios contra altos cargos de las distintas Consejerías, por usurpación de funciones públicas, prevaricación y malversación de caudales públicos, al gastar dinero con personal externo y teniendo sin actividad al auténtico personal público que ha accedido a su puesto cumpliendo los requisitos legales; machacando a éstos funcionarios realmente TÉCNICOS en las distintas materias administrativas, porque llevan muchos años trabajando en lo mismo y nadie sabe más que ellos porque es su especialización y, sin embargo, les apartan, les vacían de contenido su puesto de trabajo, su ilusión de ejercer esa labor pública que desarrollan y todo ello por el capricho del politiquillo de turno.
En Castilla y León no es muy distinto con la creación de gran cantidad de empresas públicas y administración institucional, creadas expresamente para tales fines. Y qué decir en las Diputaciones a la par que Ayuntamientos donde, si al Alcalde de turno no le gusta el Secretario de Carrera, le aburre, le degrada y le menosprecia, hasta que le hace coger la baja laboral para así contratar a un sumiso que le firmará sin ningún problema lo que le ponga encima de la mesa, porque a ese político municipal le debe el salario que recibe, a sabiendas de que en un porcentaje muy elevado son decisiones ilegales y le pueden traer consecuencias dentro de varios años. Los funcionarios deben de atacar esas prácticas abusivas y luchar por sus funciones usurpadas hasta conseguir su recuperación total, caso contrario serán corresponsables.
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