El asunto llegó recientemente al último 'Debate sobre el estado de la ciudad', donde prosperó una resolución del Grupo Popular sobre la necesidad de crear una cuota o canon único de 100 euros para las comunidades de vecinos a los que se cedió terreno para construir ascensores.
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gentedigital.es
21/7/2014 - 10:52
La Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés ha solicitado al Gobierno local del PP, que "anule" los recibos girados a 28 comunidades de propietarios por la instalación de ascensores en sus inmuebles de San Nicasio y Centro, muchos de los cuales datan de la década de los setenta.
Según los colectivos vecinales, el cálculo para estos recibos "no responde a ningún criterio objetivo respecto al valor del suelo", al margen de que se han tramitado "sin comunicación previa a los afectados" y de que, en algunos casos, las cantidades alcanzan los 7.000 euros.
Esta cantidad, a juicio de la Federación, es "inadmisible", ya que, según ha argumentado, se trata de "un colectivo de vecinos con edad avanzada", de "jubilados con pensiones que en la mayoría de los casos no sobrepasan los 500 euros mensuales".
El colectivo vecinal ha considerado que estos recibos suponen que se pretende "obligar a pagar una tasa para atender una necesidad básica" y, dado que cree que "los mayores y personas con dificultad de movilidad" deben seguir viviendo en sus casas y barrios, ha instado al Ejecutivo local a que continúe "con la política de accesibilidad de edificios residenciales".
Desde la Federación se ha solicitado una "reunión" al alcalde, Jesús Gómez, para "tomar acuerdos en torno a estas políticas urbanas y de protección y cuidado de las personas". Antes de que se celebre la convocatoria, la Federación ha solicitado que "se proceda a retirar de manera inmediata los recibos emitidos a las comunidades".
El asunto llegó recientemente al último 'Debate sobre el estado de la ciudad', donde prosperó una resolución del Grupo Popular sobre la necesidad de crear una cuota o canon único de 100 euros para las comunidades de vecinos a los que se cedió terreno para construir ascensores.
En este sentido, el Gobierno local defendió durante el Debate la obligatoriedad de cobrar las cantidades a las comunidades de propietarios puesto que los ascensores suponían una ocupación de vía pública, hecho que la Ley obliga a compensar a las Administraciones competentes.
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