Una futura Ley podría trasladar los juzgados de los municipios a Madrid
El anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial contempla la reorganización de los juzgados en Tribunales Provinciales
gentedigital.es/M. Pacheco
11/7/2014 - 08:45
Una denuncia por robo, una pelea con un vecino o un impago en la Comunidad de Propietarios son, actualmente, procesos que los ciudadanos pueden resolver en los juzgados de localidades como Parla, Leganés, Getafe, Móstoles o Alcorcón. Sin embargo, el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 4 de abril y se ha debatido a finales de junio, contempla la posibilidad de "reorganizar los tribunales a través de los Tribunales Provinciales de Instancia", trasladando la sede de cada juzgado a la capital de provincia.
Esto ha despertado la alerta de los sindicatos y funcionarios, pues "podría suponer la desaparición de todas las sedes que hay en el resto del territorio", según explica Almudena Parra, delegada de CCOO. "Por poner un ejemplo, sólo en Getafe tienen un edificio con ocho Juzgados de Instrucción, un Destacamento de Fiscalía o un Registro Civil. Si esos servicios se mueven a la capital, supondrá el incremento, entre otras cosas, de los costes de gestión para el ciudadano y no queremos eso", afirma.
VERSIÓN OFICIAL
El ministerio declara que aún queda mucho tiempo para saber si la propuesta se llevará a cabo. "Primero tiene que convertirse en ley", apuntan desde Justicia. "Y aún así, no tendría validez hasta que no se apruebe la Ley de Demarcación y Planta, que establece el mapa judicial y aún está en fase de redacción", exponen. "Después, cada comunidad tendrá un año para enviar sus propuestas al Consejo. Es decir, que hablamos de un proceso largo, en elaboración y de cara a un futuro", añaden. "Vaya por delante que, según el anteproyecto, se mantienen todas las sedes judiciales para optimizar los recursos de Justicia y, aunque la sede oficial estará en la capital, algunas podrán continuar, en función de las circunstancias, como el volumen de población, la distancia desde la sede desplazada o el tiempo de desplazamiento en transporte público hasta la capital", concluyen.
Los funcionarios judiciales, también afectados directamente, "no entienden esta medida." Fuentes consultadas por GENTE explican que "es una contradicción de acuerdo con una justicia de mayor proximidad con el ciudadano, como se pretendía hasta ahora. Es impensable que una víctima de violencia de género, por ejemplo, tenga que desplazarse hasta su capital para continuar con el proceso judicial, además del coste que eso supondría para poder llevarse a cabo", alegan.
OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY
El anteproyecto tiene como objetivo, según lo establecido en el Consejo de Ministros, "agilizar la justicia y reducir los tiempos de resolución". Para ello, se pretenden tomar tres medidas esenciales: la "redistribuciónde los juzgados a través de la puesta en marcha en Tribunales de Provincia de Instancia", el "fortalecimiento de la especialización judicial que redunde en la profesionalización", y la "reducción de la litigiosidad mediante la seguridad jurídica que proporcionará la jurisprudencia vinculante del TS", que la establecerá cada tres meses, según su relevancia.
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