El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, pide a la magistrada que se cite a declarar al alcalde en calidad de testigo
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gentedigital.es
06/3/2014 - 12:30
El Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés ha citado a declarar a la actual Interventora municipal, Teresa Pascual, y al ex titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno local, José Luis Ballesteros, para que testifiquen en las diligencias previas por la denuncia presentada por el Partido Socialista y Unión por Leganés contra el alcalde, Jesús Gómez, por levantar hasta en cuatro ocasiones los reparos suspensivos que interpuso Intervención al pago de la nómina municipal al detectar presuntas irregularidades en los nombramientos de cuatro Directores Generales.
El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, que está personado en la causa, ha informado de que ambos han sido citados en calidad de testigos el próximo día 24, y ha considerado que "pueden aportar mucho" al procedimiento.
De hecho, el independiente ha asegurado que la actual Interventora "sigue poniendo" reparos suspensivos a las nóminas municipales ya que, a su entender, el abono de los salarios de los Directores Generales del Ayuntamiento "no son ajustados a derecho".
En cuanto a la declaración de Ballesteros, Delgado ha considerado que su aportación "aclarará mucho" ya que, en su momento, "presentó un escrito en el que consideraba ilegal lo que se estaba haciendo" con estos abonos.
Por otro lado, Carlos Delgado ha revelado que ya ha solicitado al juzgado que se cite a declarar al alcalde, una decisión que, según el partido independiente, la jueza adoptará cuando escuche a los próximos testigos.
OTRAS COMPARECENCIAS
En el juzgado ya han declarado las exinterventoras municipales Lucía Mora e Iciar Fernández, quienes ratificaron ante el juzgado sus posicionamientos iniciales, de tal manera, que la primera defendió que informó "favorablemente" de los nombramientos de los Directores y que fue aprobado en pleno, mientras que la segunda apuntó a posibles irregularidades en estos nombramientos.
Precisamente, desde el Gobierno local de Leganés se ha asegurado desde un inicio que el contencioso es resultado de las discrepancias entre estos habilitados nacionales y que el alcalde actuó conforme a la legalidad al crear las plazas de Directores puesto que había informes de Intervención y de la Asesoría Jurídica municipal que los avalaban.
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