División de opiniones en el caso del menor presuntamente maltratado
La Plataforma Tea Incluye convocó una concentración para denunciar el caso y pedir “un trato digno” para este alumnado de TEA n La comunidad educativa de los CPEE de la región cierran filas en torno al centro, “más allá” de lo que se diga en tribunales
Archivado en: GETAFE, COLEGIO, CPEE SANITIAGO RAMÓN Y CAJAL
27/4/2018 - 08:23
Concentraciones de apoyo por los presuntos maltratos recibidos por un menor autista en el Colegio de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal de Getafe, dos familias más quejándose del trato dado a su hijo en el centro o el apoyo explícito a los trabajadores acusados por parte de los profesores y de algunos de los padres. Estas son solo algunas de las noticias que han ido sucediéndose desde que el pasado 18 de abril saliese a la luz que tres educadoras estaban siendo investigadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Getafe por un presunto delito de acoso y trato degradante, así como uno de lesiones psicológicas, a un escolar de 8 años con un trastorno de autismo.
Los padres del menor presentaron como prueba unas grabaciones realizadas después de que notaran un “cambio brusco” en su comportamiento. Según la denuncia penal que presentaron, descubrieron que los profesores se dirigían a él continuamente “en tono desafiante, amenazador, despectivo”, lo que le estaba ocasionando las alteraciones de conducta”.
APOYOS
Tras las primeras informaciones, la dirección del colegio aseguró que al menor se le trató con “cariño” y “respeto”, recalcando que las acusaciones contra el centro eran “totalmente falsas”. Ahora es la comunidad educativa de los CPEE de la región quienes cierran filas en torno al centro. Los 24 directores de este tipo de centros públicos de la región han firmado una carta de apoyo a los profesionales afirmando que “más allá” de lo que se diga en los tribunales, “estamos con vosotros”, según recoge el escrito.
Por otro lado, la Plataforma TEA Incluye se manifestó ante la Consejería de Educación para denunciar estos supuestos maltratos, exigir un “trato digno” al alumnado y más recuros y formación para los profesionales que tratan a los menores.
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