El funcionario investigado contradice a Imesapi y repite que el contrato a la cuñada de Silva fue decisión de la empresa
El jefe del área de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Vigo, Franciso G.O., investigado en la causa sobre el supuesto 'enchufe' de la cuñada de la concejal y presidenta de la Diputación, Carmela Silva, en una concesionaria municipal, ha comparecido nuevamente este jueves ante la jueza de instrucción número 7 de la ciudad y ha reiterado que la contratación de esa persona fue una decisión de la empresa, Imesapi.
Archivado en: Vigo, Francisco G.O., Carmela Silva, tráfico de influencias, investigación
gentedigital.es / Europa Press
28/4/2016 - 14:22
VIGO, 28 (EUROPA PRESS)
Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han señalado que este investigado se ha ratificado en su anterior declaración ante la magistrada. Según ha trascendido, este funcionario ha insistido en que se firmaron unos contratos menores con Imesapi para la elaboración de unas encuestas de calidad, unos contratos de los que estaba al tanto el concejal de ese departamento, Santos Héctor Rodríguez, también investigado en esta causa.
Francisco G.O. ha señalado que esos trabajos fueron realizados por personal de Imesapi, y que existen (de hecho obran físicamente en este procedimiento). Con respecto al papel de la cuñada de Silva, Vanesa F.B., el funcionario ha vuelto a insistir en que era trabajadora de Imesapi y su contratación fue decisión de esta empresa.
Esta afirmación contrasta con las declaraciones realizadas por los responsables de esta concesionaria, que han señalado en varias ocasiones que esa persona fue contratada en la empresa por indicación del Ayuntamiento (aunque sin concretar la persona que dio esa instrucción).
ENCUESTAS
Por su parte, Vanesa F.B. también se ha ratificado en su anterior declaración ante el juzgado, y ha señalado que, efectivamente, trabajó en la elaboración de unas encuestas.
Según su declaración, ella se encargaba de recabar las respuestas de los cuestionarios, pero la elaboración de conclusiones y los análisis eran realizados por otras personas de la empresa. En todo caso, fuentes jurídicas han constatado que esta persona no ha sido capaz de explicar el hecho de que pudiera hacer "1.500 encuestas en 17 días".
La plataforma Xuntos, personada en la causa como acusación popular, ha subrayado que existen "pruebas suficientes" para abrir juicio oral contra las personas investigadas, y que ha quedado "acreditada la corrupción en el seno del Ayuntamiento de Vigo". Asimismo, han valorado el "buen trabajo" tanto la jueza como del ministerio fiscal en este procedimiento.
INDICIOS
La jueza que investiga este caso sostiene que los contratos menores suscritos con Imesapi para la realización de esas encuestas (nueve contratos que suman unos 128.000 euros) tenían como finalidad "compensar" a la concesionaria por los gastos generados al tener que contratar a Vanesa F.B.
Por otra parte, ve "serios y fundados indicios" de que la empresa no hubiera hecho esos trabajos, por lo que se podría haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
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