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La Ley podría aprobarse en enero

Viveros reclama celeridad en dar una solución a La Cañada

La Ley de La Cañada Real continúa en un impasse de más de un año. Sin embargo, Ana Isabel Mariño, consejera de Medio Ambiente, ha anunciado que espera que el documento se apruebe entre diciembre y enero, tras el derribo de varias chabolas en el poblado El Gallinero.

Archivado en: Coslada, Ley, Cañada Real Galiana

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Gentedigital.es/Carolina Díez
29/10/2010 - 14:17

La polémica vía pecuaria recorre un tramo de Coslada, aunque su realidad difiere bastante de la expuesta en Rivas o Madrid. En el municipio cosladeño no hay exclusión social y el tramo se urbanizó con todo tipo de servicios para los cerca de doscientos habitantes que allí viven.

De hecho, el terreno está incluido en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). De esta manera, una vez aprobada la Ley, pasaría a manos de los Ayuntamientos, y Coslada podría reordenar esta zona. Una reordenación que está paralizada por el Ejecutivo autonómico desde hace varias décadas.

CONSENSO

"Los alcaldes tenemos que tener una solidaridad entre los municipios próximos", ha explicado a GENTE Ángel Viveros, alcalde de Coslada. Además, ha resaltado que "la Comunidad es quien tiene que poner solución al problema social. Para nosotros esta cuestión es innegociable".Y es que como Viveros ha reiterado en varias ocasiones, "Coslada es la puerta de entrada de La Cañada tanto para lo bueno como para lo malo".

El regidor ha valorado de manera positiva la futura aprobación de este texto, pero ha matizado que "debe ser dentro del marco de consenso entre las tres ciudades afectadas (Madrid, Rivas y Coslada)". Y ha pedido celeridad en el asunto, así como que Aguirre, lleve a cabo una actuación integral: urbanística, medioambiental y, sobre todo, social.

En julio de 2009, todas las administraciones competentes en el problema de la medieval senda transhumante se reunieron y de allí salió el borrador de la Ley del Suelo de La Cañada Real. Pero la cuestión se complicó cuando en septiembre de ese mismos año, la Comunidad de Madrid, de manera unilateral, decidió modificar uno de los puntos que permite, que en el plazo de dos años, se puedan vender los suelos ocupados sin antes llegar a un acuerdo social.

 

 

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