Comunidad y ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar tienen que pagar 60 millones de indemnización a propietarios a los que se les impidió construir en sus fincas por cambios en el PGOU de Colmenar
La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo se enfrentan al pago de cerca de 60 millones de euros en concepto de una indemnización a propietarios de fincas en la zona tricantina de El Tagarral, a los que se les impidió construir en sus fincas por cambios en el PGOU de Colmenar de 1987, que a pesar de ser terrenos urbanizables los calificó como no urbanizables de uso agrícola.
Archivado en: Tagarral
gentedigital.es / Mamen Crespo
16/2/2012 - 09:10
En concreto, el Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo de 1987 acordó reclasificar unos terrenos, el llamado “Plan Bodonal”, colindantes con el actual Soto de Viñuelas de Tres Cantos. Dichos terrenos eran urbanizables, ya que de hecho en ellos se contemplaba la segunda y la tercera fase previstas en la zona, y pasaron a ser calificados como Suelo No Urbanizable de protección para usos agrícolas.
Ante ese cambio, los propietarios de estos terrenos se consideraron perjudicados e iniciaron un largo proceso legal que finalizó con la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1992 condenando a la Comunidad de Madrid y los dos Ayuntamientos (Colmenar y Tres Cantos) a indemnizar a los propietarios. Dicha cuantía quedó fijada por el Supremo en 2007 en 42,43 millones de euros más los intereses, que ahora se acerca a los 60 millones de euros, según ha confirmado el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría.
Los dos ayuntamientos son responsables ya que, aunque el PGOU objeto de la polémica es de Colmenar, los terrenos pertenecen en la actualidad a Tres Cantos, municipio que no existía entonces y cuyos terrenos formaban parte del término municipal colmenareño.
El TSJM ha comunicado la ejecución forzosa de la sentencia y ha apercibido que, de no ejecutarse voluntariamente, procederá al embargo de bienes patrimoniales del Ayuntamiento y a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales, contra los “funcionarios responsables”.
Ante esta situación, los dos ayuntamientos barajan tres opciones: pagar la sentencia entre las tres administraciones, descartada por su enorme cuantía, no hacer frente a la sentencia y que el juzgado proceda al embargo de bienes patrimoniales y la imposición de sanciones incluso con apertura de procesos penales contra los “funcionarios responsables”; o firmar un acuerdo entre las tres administraciones condenadas para satisfacer la demanda de los propietarios de dichos terrenos del Tagarral. En definitiva, se trataría de devolver a los terrenos objeto de litigio la calificación que tenían con anterioridad al año 1987, solución que menos perjudicaría a los ciudadanos y que garantizaría que los proyectos y desarrollos urbanísticos posteriores se realicen a plena satisfacción de los vecinos.
El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, ha señalado, que le gustaría decir que hay una solución pero que “desgraciadamente no es así”. Para Santamaría, “la mejor solución es recalificar ese suelo a urbano, que ahora es rústico”. No obstante, ha puntualizado que está trabajando en “otras soluciones por si no se consigue ésta”.
Por su parte, el concejal de Urbanismo de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha querido dejar claro que “esta cantidad supone más de 1.000 euros para cada vecino”, aunque ha señalado que se han mantenido distintas reuniones entre la Comunidad, los ayuntamientos y los propietarios de los terrenos “para llegar a un acuerdo” que pasa por devolver al suelo la calificación de urbanizable. No obstante, esto no es fácil.
El Ayuntamiento de Tres Cantos aprobará mañana en el pleno “solicitar un estudio para ver las condiciones medioambientales” de la zona. Según Moreno, se tardará cuatro años en saber sus resultados pero decidirá si el suelo puede o no declarase como urbano, algo que pondría punto y final a este asunto. Mientras tanto, el concejal ha asegurado que “las tres administraciones trabajan juntas para buscar un acuerdo que evite tener que desembolsar esa cantidad”.
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