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Gente en Castilla y León

campo / entrega las llaves de Salamanca, León, Palencia, Soria y Valladolid

Asaja dejará la gestión de cinco Cámaras Agrarias Provinciales en manos de la Junta

La organización agraria ASAJA de Castilla y León entregará a la Junta "las llaves" de cinco cámaras agrarias provinciales para que se encargue de su gestión antes del sábado 30 de junio, según acuerdo adoptado ayer por la tarde que queda pendiente de ser ratificado en los próximos días en cada una de las provincias. Los presidentes de las cinco cámaras agrarias presididas por ASAJA -Salamanca, León, Palencia, Soria y Valladolid-, y el resto de cargos electos, presentarán su dimisión de forma irrevocable, y los suplentes no tomarán posesión por lo que, si no se constituye el Pleno con miembros de otras organizaciones -que en principio es lo probable-, será la Junta la que por su labor de tutela se haga cargo de la su gestión.

Archivado en: Asaja, Cámaras Agrarias Provinciales, Junta de Castilla y León

gentedigital.es
13/6/2012 - 12:52

ASAJA recomendará también la dimisión a sus asociados que son miembros del plenos de cámaras agrarias donde el sindicato no gobierna -Segovia, Burgos, Zamora y Ávila-, teniendo claro que tanto en este caso como en el anterior son cargos electos y por tanto la decisión que tomen será libre y personal.

ASAJA de Castilla y León, como organización promotora de las cámaras agrarias en su última etapa y por tanto firme defensora de estas instituciones de derecho público, lamenta tener que tomar una decisión tan dolorosa como la de apartarse de sus órganos de gobierno, decisión motivada por un recorte del 63 por ciento en la partida presupuestaria de la Junta para estas instituciones, pasando de 1.900.000 euros de 2011, cuando ya hubo una importante reducción, a 700.000 euros de 2012, lo que convierte en inviable su gestión.

La Junta ha planteado una reducción de personal, para adaptarse al nuevo presupuesto, que supondría rescindir el contrato indefinido de 31 de los 58 empleados que tienen actualmente las nueve cámaras agrarias provinciales. Con los 700.000 euros de la partida de cámaras habría que afrontar el coste de 27 trabajadores más los gastos corrientes de cada una de las nueve oficinas provinciales, algo que matemáticamente es imposible, por lo que se generaría un déficit que no se podría cubrir con otros recursos, puesto que las cámaras tienen prohibida por Ley la actividad mercantil; además, a estas alturas del año, los gastos en las nueve cámaras son ya superiores a ese importe.

Por si esto fuera poco, la Junta plantea que el coste de los despidos de personal se afronte con un crédito bancario de cada cámara agraria con cargo a su patrimonio - constituido por lo general la sede social-, con la promesa verbal de afrontar la cancelación del mismo con cargo a la partida presupuestaria de la Junta en los Presupuestos Generales de 2013. En este sentido, los presidentes de cámaras agrarias de ASAJA no están dispuestos a endeudarse hipotecando el patrimonio de todos los agricultores y ganaderos, ya que tienen dudas razonables sobre la cancelación de estos créditos y piensan que se terminarían refinanciando, por lo que a medio plazo se "comerían" todos los bienes patrimoniales.

Las cámaras agrarias tienen en Castilla y León, además de un papel de representación institucional, el mandato de tutelar la gestión de las Juntas Agropecuarias Locales, unas asociaciones de derecho privado que se han constituido en la mayoría de los municipios de la región y que gestionan sus bienes y patrimonio, pero sobre todo gestionan los pastos y rastrojeras de ordenación común. Además, las elecciones a Cámaras Agrarias han servicio, desde 1997, para medir la representatividad institucional de las organizaciones profesionales agrarias en Castilla y León.

ASAJA espera que la Junta, cuando se haga cargo de las Cámaras Agrarias, siga garantizando el servicio que hasta ahora han venido prestando al sector, que tenga sensibilidad social para mantener todos los puestos de trabajo posibles y que garantice que el patrimonio de los agricultores no se destina a otros fines distintos al del interés general agrario.

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