Gente en Castilla y León

1. El nuevo Gobierno ha de negociar en Bruselas una PAC que dé estabilidad al sector agroganadero de Castilla y León hasta el año 2020. Esta nueva PAC debe llegar con una justa dotación presupuestaria, primar la productividad agrícola y ganadera, centrar sus recursos en el agricultor "superactivo", tener como objetivo la permanente modernización del campo, priorizar sus políticas en los jóvenes agricultores, vincular los fondos de desarrollo rural a las actividades agroganaderas, armarse de eficientes mecanismos reguladores de los mercados y poner en manos del sector productor instrumentos para negociar con la industria y con la gran distribución.

2. Con la vista puesta en la próxima negociación de la OCM del sector remolachero azucarero, ASAJA pide al nuevo Gobierno la defensa del sistema de cuotas, precios rentables y ayudas para compensar donde no lleguen dichos precios. El sector no puede reducir más su tamaño en Castilla y León ni en producción de remolacha ni en actividad fabril, y ha de mantener todos los empleos y su potencial económico.

3. ASAJA le pide al nuevo Gobierno un "plan estratégico en materia ganadera" para frenar la dura y larga crisis que atraviesa, para responder a su problemática específica y para que adquiera el peso que le corresponde y que hoy se le niega en la reforma de la PAC que se debate en Bruselas.

4. El nuevo Gobierno ha de definir una estrategia hidráulica que debe pasar por aumentar las reservas invirtiendo en nuevas capacidades de almacenamiento allí donde haya posibilidades y exista demanda. Ha de pasar por la puesta en marcha de nuevos regadíos y por la modernización de los regadíos ya existentes con el fin de abaratar costes, ahorrar agua y aumentar la productividad. Se ha de revisar la Directiva Marco de Aguas que obliga a repercutir los costes de suministro en los usuarios, ya que el sector agrario no puede asumir todos esos costes y en particular no los puede asumir la agricultura de cultivos extensivos que predominan en Castilla y León. Se ha de llegar a un acuerdo sobre la gestión de las cuencas hidráulicas que no cause agravios entre comunidades autónomas, dando a todas la misma capacidad de autogobierno en esta materia.

5. El Gobierno de España ha de definir una política agroenergética que potencie el papel del sector agroganadero en la generación de energías limpias, creando una alternativa real al uso tradicional de las producciones. Así, se han de potenciar con medidas que incentiven el uso del bioetanol y el biodiesel, la biomasa y el biogás, así como ahondar en proyectos de futuro desarrollando más la tecnología. La energía eólica, la solar fotovoltaica y la solar térmica, ha de potenciarse teniendo como objetivo el desarrollo del medio rural de forma armónica y sostenible.

6. El Gobierno de España ha de abordar con inmediatez el papel del Tribunal de Defensa de la Competencia que está siendo uno de los principales problemas en la negociación de los precios de los productos agroganaderos, ya que al impedir una negociación se favorece a la parte más fuerte de la cadena: la agroindustria y la distribución. Se han de potenciar las relaciones interprofesionales, los contratos de compraventa y se han de establecer mecanismos que prohíban la venta a pérdidas. El principal objetivo del nuevo Gobierno, en materia agroganadera, ha de ser conseguir un repunte y posterior estabilización de los precios agroganaderos en origen en niveles que permitan un legítimo margen de negocio.

7. El ministerio competente en materia agroganadera ha de tener una dotación presupuestaria suficiente, y en todo caso recuperar el peso económico que tuvo hace dos legislaturas, para apoyar con cofinanciación proyectos de las comunidades autónomas que tengan un interés estratégico y vertebrador para la agricultura y para el medio rural. Muy particularmente, ASAJA exige que se mantenga íntegramente, para los años 2012 y 2013, la financiación del Programa de Desarrollo Rural, pagando los compromisos en los plazos establecidos. Los seguros agrarios y pecuarios constituyen la medida de política agraria nacional más exitosa en las últimas décadas, por eso ASAJA aboga por potenciarlos, mejorarlos técnicamente y mantener el nivel de apoyos públicos tanto por parte del Ministerio como de las comunidades autónomas.

8. El ministerio de Agricultura acometerá un ambicioso proyecto para dotar de tamaño a las cooperativas por la vía de las fusiones, mejorar su gobierno corporativo y posteriormente poner a su disposición medidas económicas y fiscales que les permitan concentrar oferta, acometer procesos de transformación de productos, competir en el mercado interior y abrir caminos a la exportación. Todo ello con el objetivo de conseguir un valor añadido en la producción que repercuta en el agricultor cooperativista.

9. El nuevo Gobierno ha de establecer mecanismos para que fluya el crédito en el sector tanto a los productores como a las empresas agroalimentarias, tanto a través del ICO como de los bancos y cajas rurales y de ahorro.

10. El Gobierno pondrá en marcha medidas favorecedoras del relevo generacional en el campo facilitando la incorporación de los jóvenes agricultores. Para ello modificará la legislación si es preciso, pondrá recursos económicos y apoyos fiscales, fomentará los ceses anticipados en la actividad agraria para facilitar la transferencia de explotaciones y proporcionará recursos financieros. Se trabajará en una mayor implicación de la mujer en el trabajo y gestión de la explotación agraria y para ello se dará desarrollo normativo a la Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones.

11. El sector agroganadero necesita de una fiscalidad justa. El actual sistema de Módulos satisface las demandas del sector siempre que exista el compromiso de su revisión anual atendiendo a las circunstancias excepcionales de bajos precios o caídas de la producción por adversidades y manteniendo las deducciones por consumo de gasóleo, fertilizantes y amortizaciones. Se solicita que se tenga en cuenta, como se tienen en cuenta otras inversiones, las cuotas que se pagan a las comunidades de regantes -que revierten en el Estado- para amortizar la parte de la inversión de las obras públicas en modernización de regadío y nuevos regadíos que va con cargo a los usuarios. Es necesario corregir al alza el IVA compensatorio en la venta de los productos ganaderos -actualmente el 8,5%- equiparándolo al que se aplica en la venta de los productos agrarios -10%-. La demanda de un "gasóleo profesional" libre del Impuesto Especial de Hidrocarburos y con un IVA reducido sigue siendo un clamor en el sector agroganadero que ningún gobierno ha atendido hasta la fecha. Respecto a la Seguridad Social, la declaración de ingresos agrarios y particularmente la percepción de subvenciones, debería conllevar la obligatoriedad de cotización, pues la situación contraria, vigente en la actualidad, crea una competencia desleal que va contra el profesional.

12. El Gobierno ha de luchar contra monopolios u oligopolios que repercuten en una subida de los costes de los insumos. Uno de los oligopolios más sonados es el de los fertilizantes, que suben los precios, no en razón de la subida de sus costes, sino en razón de la subida de los cereales o productos que venden los agricultores. Se ha de revisar la liberalización de las tarifas eléctricas, ya que el sector agrario, que utiliza la energía para el riego y para las explotaciones ganaderas, ha visto incrementada su factura en más del cincuenta por ciento en las dos últimas legislaturas.

13. ASAJA está a favor del desarrollo tecnológico, por lo que insta al Ministerio a mantener en Bruselas una actitud proactiva a favor de la utilización de los cultivos transgénicos en sintonía con lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, donde se utilizan, y cuyos productos importamos y consumimos.

14. ASAJA exige una revisión de las campañas de saneamiento ganadero, en particular en las zonas de montaña y pastoreo extensivo donde, por el sistema de explotación y sobre todo por la incidencia de la fauna salvaje, ciertas enfermedades (por ejemplo la tuberculosis) resultan de difícil o imposible erradicación. Los gobiernos central y autonómicos han de elaborar un programa de gestión y control de la fauna salvaje para que su presencia en el territorio no sea incompatible con el desarrollo de la agricultura y ganadería tradicionales, para evitar sobrepoblaciones que alteran el ecosistema y tienen efectos perjudiciales en los territorios y en las personas que los ocupan.

15. El nuevo Gobierno ha de mirar al sector agroganadero como ese sector estratégico que produce alimentos, que genera empleo, que sustenta una pujante industria alimentaria y de servicios, que es imprescindible para el sostenimiento del medio rural, que gestiona el territorio y que conserva el medio ambiente. Un sector que está a la cola en el disfrute de bienes y servicios precisamente por ocupar el medio rural y que como colectivo sigue teniendo las rentas más bajas del país. Pero además, los jubilados del campo perciben las pensiones más bajas del sistema contributivo.

16. Por último, aunque no menos importante: Recuperar el nombre de Ministerio de Agricultura es un gesto necesario, pero por sí solo no aporta valor. Al frente del ministerio debería de estar una persona conocedora de la materia y con amplia experiencia y peso político en el partido del Gobierno. Castilla y León, por la importancia cuantitativa y cualitativa de su agricultura y por su amplio territorio rural, ha de tener un peso significativo en el nuevo equipo ministerial. La coordinación entre ministerio y comunidades autónomas es fundamental para la eficacia en la acción de gobierno.