Los datos estadísticos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León en el año 2021 muestran, según ha señalado su presidente, Enrique Pascual, una recuperación de los volúmenes de obras adjudicadas y licitadas, con un total, respectivamente de 1.376 y 1.074 millones de euros, con un crecimiento notable con respecto al año de inicio de la pandemia y hasta superar los datos de 2019 (1.119 millones de euros licitados). Las previsiones de los Contratistas para 2022 apuntan que el volumen de licitación y adjudicación será similar al del pasado año.
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gentedigital.es / Europa Press
20/5/2022 - 13:50
Así lo ha señalado el directivo de la Cámara de Contratistas regional este viernes en una rueda de prensa en la que ha detallado las cifras sobre la situación de la obra pública en la región en 2021 y las previsiones de 2022 en base a los primeros datos del periodo enero a mayo de este año.
En 2021 se licitaron obras por un importe total de 1.376 millones de euros en Castilla y León, lo que supone un 53 por ciento más que los 899 millones de euros de 2020, año afectado por la paralización que supuso el primer estado de alarma por la pandemia de COVID-19, pero también superan las cifras licitadas en 2019 (1.116 millones de euros).
Enrique Pascual ha destacado que la pandemia "no ha supuesto un gran descalabro" para el sector de la obra pública y "rápidamente en 2021 el sector se ha recuperado por encima incluso de 2019", mientras que las previsiones para 2022 plantean unas cifras similares tanto en licitación (1.462 millones de euros) como en estimación del importe que se adjudicará (1.058 millones), todo ello sin tener en cuenta los fondos Next Generation EU.
Las cifras, ha añadido Pascual, confirman "una tímida recuperación económica", si bien se presentan algunos problemas en el horizonte como el incremento de los costes de suministros, principalmente la electricidad y también las materias primas.
De hecho, el presidente de los Contratistas ha advertido de que esos aumentos de costes "se pueden llevar por delante al 20 por ciento del sector" e incluso si las medidas para compensarlo son "torpes" podría aumentar a un 30 por ciento.
Del total licitado en 2021 (1.376 millones), se han publicado adjudicaciones con un presupuesto de adjudicación de 1.074 millones de euros, lo que representa un cumplimento sobre la previsión de obra nueva que realizaba la Cámara de Contratistas de Castilla y León de un notable 78 por ciento, cuando lo habitual según Pascual es que el ese parámetro se sitúe en torno al 40 por ciento.
"Esto debería ser así, debería ser lo correcto", ha aseverado Pascual, que ha recordado que esos porcentajes de cumplimiento no se daban en años anteriores ya que considera que "es muy fácil anunciar que se va a hacer algo y luego no se plasma". Eso, ha apostillado, genera "bastantes problemas" a los contratistas.
En función de las administraciones responsables de las obras, en 2021 Pascual ha destacado sobre todo a la administración central, con 622 millones de euros licitados, lo que representa el 45,2 por ciento del total; mientras que la local ha aportado el 31 por ciento y la regional se ha quedado en un 23,8 por ciento.
En cualquier caso, el presidente ha restado importancia a estos datos ya que asegura que "en series largas de varios años" el reparto de esos porcentajes se sitúa en torno al 33 por ciento para cada una de ellas.
En cuanto al cumplimiento sobre la previsión de obra nueva, el menor porcentaje también corresponde a la Junta de Castilla y León, que ha adjudicado un 57 por ciento de las obras anunciadas; mientras que la central se ha quedado en un 82 por ciento y las locales han superado las previsiones (+103 por ciento).
En cualquier caso, Pascual ha advertido que si bien considera "una buena cifra" los 1.376 millones de euros licitados en 2021, las estimaciones de los Contratistas apuntan que el nivel lógico que se debería licitar en inversión de obra pública Castilla y León se sitúa "entre 2.000 y 2.500 millones de euros".
Eso sí, ha destacado la evolución positiva en términos generales desde la crisis de hace una década, ya que justo ese 2012 se marcó un mínimo de 558 millones de euros licitados y a partir de ahí se comenzó a crecer, con la excepción del "bache" que supuso 2020 por la pandemia.
DATOS POR PROVINCIAS
El reparto de las cifras de licitación de 2021 indica que la provincia con mayor importe fue Palencia, con 274 millones de euros; seguida por León, con 188 millones de euros; Soria, con 162 millones; Valladolid, con 161 millones; Burgos, con 150 millones; Salamanca, con 140 millones; Zamora, con 85 millones; Segovia, con 83 millones; Ávila, con 74 millones; además de otros 57 millones en obras pluriprovinciales.
LEÓN FUE LA PROVINCIA CON MÁS VOLUMEN DE LICITACIÓN DE LA JUNTA
Palencia fue la provincia con mayor volumen en licitaciones de la Administración central, con 214 millones de euros; mientras que León lideró las licitaciones de la Junta, con 54 millones de euros. En cuanto a las administraciones locales, las que realizaron un mayor esfuerzo en licitaciones fueron las de la provincia leonesa, con 86 millones de euros.
En cuanto a los datos de 2022, la Cámara estima una previsión de 1.937 millones de euros, pero consideran que de esa cantidad se licitarán 1.462 millones euros --casi 100 millones más que en 2021--, de nuevo con más peso de la administración central (580 millones), seguida por la autonómica (482) y las locales (400).
Las previsiones indican que este año se adjudicaría obra pública por valor de 1.058 millones de euros, algo menos que el año anterior.
Para Enrique Pascual, el año 2022 se plantea con retos como hacer frente al alza de las materias primas y los suministros, para lo que ha incidido en la necesidad de que el Gobierno mejore los reales decretos para compensar ese incremento de costes. Además se ha referido a la falta de mano de obra cualificada, la insuficiente capacidad productiva, el "escaso" tamaño de las empresas, la falta de relevo generacional y la "excesiva" presión fiscal.
Además de las medidas de compensación, Pascual considera "necesario" una actualización de precios en las nuevas licitaciones; políticas de apoyo decididas al sector de infraestructuras y obra pública; supresión de las tasas por inspección y dirección de obras públicas que aplica la Junta; y promover la concentración empresarial.
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