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Gente en Castilla y León

La conexión

Y ahora, la "tiranía del déficit"

Miles de sueños y esperanzas rotas por un tremendo error de coordinación entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno central, ambos en manos del Partido Popular, a la hora de convocar oposiciones para ocupar 530 plazas de enfermería en Castilla y León. Las oposiciones estaban convocadas para este próximo domingo. Más de veinte mil opositores, amigos y familiares, habían reservado todas las plazas disponibles en las ciudades de León y Valladolid. El sector hostelero esperaba un fin de semana de récord.

Archivado en: Francisco J. Martínez Carrión, oposiciones de enfermería, Antonio María Sáez Aguado, Consejería de Sanidad,

Martínez Carrión
20/11/2015 - 03:30

Hasta que la historia se convirtió en el cuento de la lechera. El cántaro se cayó al suelo y adiós leche, terneros y todo lo demás. Lo peor es que se ha jugado con la ilusión, esperanzas y sueños de miles de jóvenes. La Junta justifica que la convocatoria era legal, que otras autonomías la ha sacado adelante y que había presupuesto para ello puesto que las plazas que salían a concurso están ahora mismo ocupadas por interinos; es decir, que no eran plazas nuevas y no requerían nuevas dotaciones presupuestarias.
El Gobierno recurrió al Tribunal Superior de Justicia al considerar que no había base legal que sustentase esa convocatoria, al haber expirado la oferta de empleo público y porque, además, era un riesgo para la contabilidad nacional por el incremento del déficit público.
Naturalmente anta estas dos posturas tan radicalmente opuestas está claro que una de las dos partes ha actuado de mala fe y a sabiendas. Por ello, ya hay sindicatos que anuncian acciones legales contra la Junta porque, al fin y al cabo, ha sido la administración regional la que ha convocado las oposiciones y la que debería haber repasado la ley con lupa para asegurarse que todo se ajustaba a las previsiones y a las condiciones legales y económicas que exigen este tipo de pruebas. ¿Qué ha fallado?
Que respondan los afectados, los miles de jóvenes que llevan años, sí años, preparando unas oposiciones, encerrados estudiando, pagando preparadores y comprando manuales y textos para ir lo mejor preparados posibles. Que respondan sus padres y parientes, que en muchos casos han sido los que han puesto el dinero para pagar las academias y libros a sus hijos. Que respondan las parejas de los opositores, quienes han aguantado carros y carretas como un sacrificio bien invertido en busca de un futuro mejor. Que se lo pregunten a los hosteleros que ya habían hecho provisión de todo tipo de género en busca de una rentabilidad que se les ha negado durante muchos fines de semana de invierno en estos años de dura crisis.
La Junta de Castilla y León mira hacia arriba y responsabiliza al Gobierno central o, mejor dicho, al mal visto del ministro de Hacienda, a quien acusa de ejercer la "tiranía del déficit", como si el ministro fuera por libre sin contar con la solidaridad del resto de los ministros y con el beneplácito de los presidentes de las autonomías del mismo color político.
El Gobierno se limita a asegurar que hace cumplir una ley que la Junta debería conocer y que no debe hacer distinciones entre unas y otras autonomías, en virtud del color político y porque, naturalmente, la ley es igual para todos. Y, como árbitro, el Tribunal Superior da la razón al Gobierno central y se la quita a la Junta. Pero ¿quién compensa e indemniza ahora a los opositores?

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