El juzgado número 6 de Móstoles ha acordado "el sobreseimiento y archivo de la causa" contra el alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, por contratar abogados externos para representar al Ayuntamiento en el caso Gürtel.
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Redacción
21/12/2017 - 18:08
La querella ha sido desestimada este miércoles "por carecer ese juzgado de competencia para la instrucción y por corresponder en exclusiva a la sala de los penal del Tribunal Supremo".
El rechazo llega después de que la semana pasada González Terol, también diputado en el Congreso por el PP, dato que silenció en su querella, presentara sus alegaciones a la denuncia recibida.
En ellas, a pesar de que la jueza no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión, la defensa del alcalde afirma que la querella "era un intento de invalidar todas las pruebas que el servicio jurídico contratado había aportado en el juicio contra Panero y algunos miembros de su entorno, a quienes se había conseguido imputar".
Además informaba al juzgado de que la contratación del servicio jurídico contratado por el Ayuntamiento para defender los intereses de los vecinos había sido "el económicamente más ventajoso después de haber invitado a participar a cinco despachos de abogados diferentes".
Asimismo, la defensa del actual alcalde de Boadilla también señala que "ninguno de los despachos de abogados que fueron invitados al procedimiento de contratación había trabajado anteriormente para González Terol, quien jamás había tenido relación previa con ellos, incluido el despacho adjudicatario", además de incidir que la contratación se realizó "siempre fundamentándose en la Ley de Contratos del Sector Público vigente".
También subraya la defensa que el escoger un negociado sin publicidad se debía fundamentalmente a "garantizar la reserva y discreción de la estrategia y el enfoque judicial que iba a tener el Consistorio como acusación particular en el procedimiento" además "de la urgencia de personarse en la trama".
La alegación presentada por el alcalde incide en que la querella obedecía "a fines espurios o de venganza" por parte de Panero, a "quien se le acusa de haber percibido de la trama 1,8 millones de euros y se le atribuyen delitos como la asociación ilícita o la prevaricación".
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