El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 de Madrid anuló esta semana varios acuerdos establecidos en el pleno del 23 de febrero de 2009 en el Ayuntamiento de Alcorcón. La sentencia explica que el motivo radica en la vulneración de derechos al no facilitarse la información necesaria a la oposición. La Justicia responde así al recurso formulado en su día por el portavoz del Partido Popular en Alcorcón Fernando Díaz.
gentedigital.es
01/4/2011 - 13:50
La resolución recoge que la administración declaró la urgencia de cuatro puntos del orden del día que habían sido retirados como consecuencia de las quejas del Grupo municipal del PP. Los populares, por su parte, opinan que, de este modo, se produjo un fraude de ley -como finalmente concluyó el juez-, ya que se impedía a los concejales del Partido Popular examinar la documentación. Frente a ello, el Ayuntamiento alegaba que la información del expediente quedó completada a las 14.50 horas del 20 de febrero de 2009, 48 horas antes de su celebración. "No se justificó la urgencia, simplemente", explican fuentes municipales. Concretamente, los expedientes se referían a la proposición del concejal de Hacienda y Administración General en relación a la reclamación a la Comunidad de la deuda pendiente con el Ayuntamiento; proposición de la concejala delegada del área de Desarrollo Territorial en relación a la incorporación de Alcorcón a la red de ciudades por bicicleta; y en relación a dación de cuenta del informe de impacto ambiental redactado por Fomento, en relación al Bus-Vao. "Son daciones de cuenta que no se van a llevar a pleno otra vez", apuntan desde el Consistorio.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
David Pérez, candidato del PP a la Alcaldía, opina que "es una vergüenza que Cascallana niegue información documentada y necesaria a los ediles del PP, atentando así contra un derecho constitucional y evitando que éstos puedan ejercer su labor de oposición y control al Gobierno". Fuentes municipales aclaran, por su parte, que "en ningún momento el juez dice que se hayan vulnerado derechos a la oposición". El Partido Popular exigirá que se anule el Pleno del día 28 de marzo, "o que se garantice el derecho a obtener información de los ediles populares", concluye Pérez.
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