El PSOE amenaza con una demanda por prevaricación contra la Comunidad
El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que estudian interponer una demanda de prevaricación contra la Comunidad de Madrid por sancionar a la Empresa Pública de Vivienda de Alcorcón (Emgiasa) con 6.001 euros por dar acceso a vivienda a una asesora municipal socialista.
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gentedigital.es/Agencias
02/4/2013 - 19:13
El consistorio alcorconero anunció el pasado martes que la sanción se fundaba en la "adjudicación irregular de un piso a una responsable del PSOE" durante el mandato socialista, pero el PSM asegura que Pilar J. F y su pareja cumplían los requisitos para acceder a la vivienda protegida.
"Estamos estudiando poner una demanda de prevaricación contra la Comunidad de Madrid y creemos que el Ayuntamiento debe recurrir inmediatamente esta sanción", ha dicho la portavoz socialista, Natalia De Andrés, afirmando que si el Consistorio no recurre se les podría demandar también a ellos.
La edil añade que con las declaraciones de la renta que hacen hoy públicas, en rueda de prensa y que colgaran en su web, se puede "demostrar" que se ha tomado una resolución "completamente injusta" en referencia a alguien que "no ha sido cargo público".
De Andrés ha explicado que el contrato de compraventa va con fecha del 24 de mayo de 2010, la fecha de escritura es del 31 de Marzo de 2011 y la referencia del real Decreto, que es el que regula este tipo de ayudas con protección pública, alude a la fecha de suscripción del contrato privado de compraventa.
Por eso, afirma, se cumple con las condiciones necesarias para la adjudicación de la vivienda ya que el año anterior al contrato de compraventa la pareja sumaba 40.682,14 euros cuando el tope era de 50. 746 euros. Tampoco lo superarían en 2010 cuya suma estaría en 37.428,89 y el máximo sería de 51. 254 euros.
Y en 2011, año de la firma de la escritura de compraventa y entrega de viviendas, se cumpliría igualmente con los requisitos económicos ya que los ingresos conjuntos serían similares, 37.722,99 euros, y el tope no habría cambiado, 51. 254 euros.
"Por tanto queda claro y fehaciente que en el contrato en ningún momento se incumplen los requisitos económicos exigidos", ha insistido.
A todo ello habría que añadir, según la concejal socialista, que en el contrato hacen referencia al visado dado por la Comunidad de Madrid que acredita que el adquiriente o arrendatario cumplía a fecha de su suscripción las condiciones establecidas para el acceso a la vivienda.
"La situación está clara. Si el contrato se firma en fecha 24 de mayo de 2010 y hubieses habido algún problema, en seis meses la Comunidad de Madrid tendría que haber planteado sus cuestiones o puntualizaciones al mismo y no ocurrió. Con fecha 28 de enero se dio la calificación definitiva, por parte de la Comunidad de Madrid dio por bueno este contrato", afirma la edil.
A tenor de lo planteado se pregunta De Andrés porque ahora la Comunidad de Madrid afirma que no se cumplían las condiciones.
"Me parece una desfachatez por parte del partido popular. Y lo que se demuestra es una nueva utilización partidista de las instituciones", ha dicho la socialista, añadiendo que la única intención es "difamar calumniar y acusar falsamente a los gobiernos socialistas anteriores o a todas las personas que tuvieron relación con estos gobiernos".
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