La Red se rebela contra el rescate político a la Ley Sinde
El Gobierno desencalla esta norma tras un acuerdo con el PP y CIU y la inclusión de una enmienda. Las redes sociales, en especial Twitter, echaban chispar tras conocer el acuerdo que desenrollaba la alfombra roja a la Ley Sinde.
Archivado en: Ley Sinde
El pacto surge tras la inclusión del concepto de la "doble intervención judicial"
gentedigital.es/Eva Brunner/E. P.
28/1/2011 - 11:18
Los gritos que celebraban el rechazo a la Ley Sinde, el pasado diciembre del 2010, se han quedado con el eco agarrado a sus gargantas. La ley antidescargas ha sido rescatada in extremis como resultado de un pacto entre el PP, CiU y PSOE que blinda su proceso en el Senado hasta culminar con su aprobación. Quien apenas hace un mes repudiaba la norma con el sello de la ministra de Cultura, ha reculado una vez que un nuevo parche adorna el texto. Y para arropar el consenso CIU se ha unido al frente pro Sinde.
El acuerdo conseguido tan sólo modifica descafeinadamente una Ley en uno de sus dictámenes. La enmienda pactada introduce el concepto de "doble intervención judicial", que, según estos tres partidos políticos, refuerza el control sobre el proceso de cierre de una web de descargas con contenidos adscritos a derechos de autor. Es decir, desde la entrada en vigor de esta ley rechazada por la mayoría de internautas, será un juez quien intervenga en el cierre de dichas páginas. Asimismo será el magistrado el encargado de abrir las investigaciones pertinentes y no la Comisión de Propiedad Intelectual, como rezaba el primer texto rechazado.
UN ACUERDO SIN RED
La búsqueda contrarreloj del consenso por parte del Gobierno también ha modificado el texto en lo referente al canon digital. El Gobierno se ha comprometido, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del texto, a aprobar un Real Decreto que modifique la regulación del canon digital para adaptarse a la jurisdicción de la UE. Un cambio promovido por el tirón de orejas del Tribunal de Luxemburgo, que entendía que se aplicaba en España de modo indiscriminado al obligar a su pago a las personas jurídicas.
Mientras que PSOE, PP y CIU celebraban el fin de una norma encallada, la industrial audiovisual compartía su alegría tras blindarse el ingreso de millones de euros en sus cuentas. En el otro lado de la balanza, los internautas y algunos creadores lamentaban que con apenas una capa de maquillaje se hubieran ocultado sus propuestas, críticas y derechos. La Red echaba chispas y denunciaba que esta Ley diera la espalda a sus demandas y obviara cualquier intento de consenso para hacer una norma que no fuera "injusta".
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