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Iguales por derecho, iguales por ley

Una nueva ley tipificará, sancionará y velará ante todo tipo de casos que originen cualquier tipo de discriminación en la sociedad.

Archivado en: educación

Los centros educativos que segreguen por razón de etnia o sexo no percibirán fondos públicos

gentedigital.es/Ana Vallina/Eva Brunner
21/1/2011 - 11:16

'Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna', afirma la Constitución española en su artículo 14. Pero son muchos aún los ciudadanos a los que la realidad ha empañado sus derechos, cercenado sus libertades. En el trabajo, en el ocio, en la sanidad, en la educación, en la vida. Sólo por ser diferentes a una mayoría. Al conjunto que tiende a homogeneizar sus modelos y valores sin reparar en los derechos inherentes de cada ser humano. El 15% de los españoles ha sido discriminado alguna vez y el 30% ha sido testigo de una discriminación, según los últimos datos del Eurobarómetro.

Esta misma semana, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha iniciado una ronda de consultas con trece entidades que trabajan para erradicar los posos de discriminación. A ellos les ha presentado el anteproyecto de la Ley de Igualdad de Trato, cuyo texto definitivo prevén aprobar antes de abril. Una normativa destinada al conjunto de la sociedad, "no a colectivos, ni a grupos", apuntan desde el ministerio de Sanidad e Igualdad a GENTE, pero que sin duda velará por la protección de las personas que cuentan con mayor riesgo de ser discriminados.

NINGÚN MOTIVO ES VÁLIDO
Así, el texto recoge explícitamente como motivos de discriminación: el nacimiento, el origen racial o étnico, el sexo, la religión, la convicción u opinión, la edad, la discapacidad, la orientación o identidad sexual, la enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero la Ley va más allá y por primera vez incorpora al ordenamiento jurídico español las definiciones de discriminación por asociación, por error, múltiple, acoso discriminatorio, inducción, orden o instrucción de discriminar y represalia. La nueva regulación alcanza a todos los ámbitos de la vida política, económica o cultural llegando al empleo, a la vivienda a los medios de comunicación y a la publicidad.

ÓRGANO ESPECIALIZADO
Una de las principales novedades que recoge este anteproyecto de Ley es la tipificación de la sanciones y criterios de graduación de las mismas. Del mismo modo se prevé la creación de un órgano independiente que preste asistencia a los afectados y que promueva la conciliación entre las partes, además de una fiscalía especializada para los casos más graves. Para ello la Ley presta especial atención a la formación para los empleados públicos que trabajarán sobre este campo de forma "permanente" y vinculará su cosmovisión a los cuerpos de Seguridad y Justicia. Entre las aplicaciones concretas que se desprenden del embrión de esta Ley nos encontramos con objetivos como garantizar el tratamiento médico a cualquier persona con independencia de que concurra en ella cualquier otra enfermedad.

"Pensado para mayores o personas que padecen enfermedades crónicas o infecciones principalmente", matizan a GENTE en el Ministerio de Pajín. Igualmente, esta legislación quiere garantizar que cualquier niño pueda acceder en igualdad de condiciones a un centro educativo, por lo que quedarán excluidos de financiación pública los colegios que excluyan del ingreso a alumnos por motivo de su etnia o sexo. Según este cambio, los colegios que segregan niños y niñas no podrían recibir fondos públicos. Del mismo modo, el texto legal contempla también en materia de Educación programas de apoyo para aquellos niños que por sus circunstancias especiales no cuenten con las mismas oportunidades que sus compañeros para seguir correctamente el curso. Este marco jurídico sin embargo no afectará a la Ley de Extranjería pese a que ONGS como SOS Racismo denuncien la constante discriminación a los migrantes.

Una vez entre en vigor la Ley se realizará un análisis con los casos registrados para profundizar en el origen y circunstancias que motivan que ciudadanos y entidades no traten como iguales a los que antes de todo son sus iguales.

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