Piden el embargo de los bienes de los controladores aéreos
El último organismo en sumarse a las críticas respecto a la huelga que llevaron a cabo los controladores aéreos ha sido la Cámara de Comercio de Madrid que a través de su presidente ha anunciado que estudia seriamente llevar a cabo ciertas medidas.
Archivado en: controladores aéreos
gentedigital.es
27/12/2010 - 17:43
La Cámara de Comercio de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) se sumarán como acusación particular al proceso penal que se inicie contra los controladores aéreos y estudian pedir el embargo de los bienes de estos profesionales para hacer frente a las pérdidas de hasta 20 millones de euros provocados en la Comunidad de Madrid.
Así lo ha anunciado el presidente de la Cámara y de CEIM, Arturo Fernández, durante una rueda de prensa ofrecida de forma conjunta con los presidentes de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM); la Confederación de Empresas de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicio de la Comunidad de Madrid (CECOMA); y la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM).
Estas entidades, cuya defensa será representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, se sumarán a la Agrupación de Demandantes Afectados por el Espacio Aéreo y al proceso judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, sobre el que han recaído las denuncias, para solicitar la práctica de diligencias y pruebas.
En la rueda de prensa, el responsable del despacho, Javier Cremades, ha apuntado que los empresarios se podrían sumar a la petición de la Fiscalía de embargar de forma preventiva los bienes de los controladores para asegurar las posibles responsabilidades civiles que se deriven del proceso penal.
En este sentido, Cremades ha explicado que los empresarios de manera individual deberán reclamar por la compensación del lucro cesante, es decir, el dinero que han dejado de facturar con motivo de la huelga emprendida por los controladores durante el pasado Puente de la Constitución.
El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima.
Por el momento, el despacho ha remitido a la Cámara y a la CEIM un dictamen jurídico que analiza las posibles vías de reclamación por el cierre del espacio aéreo, siendo la más propia la de colaborar con la Fiscalía General del Estado.
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