Asuntos pendientes

El temido sobre, ese que notifica tu futura mudanza a ninguna parte, cayó en el buzón de Asun Querol hace ya algunos meses avisándole del desalojo abortado finalmente el pasado día 8 en Sanchinarro, gracias al apoyo popular.

Ahora, esta mujer de 55 años, que sustenta a una familia de seis con su sueldo de 800 euros, espera que la próxima correspondencia de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo recoja una solución que le permita conservar su hogar a cambio de un alquiler bajo, de unos 300 euros. "La EMVS dijo una semana antes del intento de desahucio que la compañía se quedaría con la vivienda pero que Asun y su familia podrían seguir viviendo en ella pagando un alquiler de unos 325 euros al mes. Luego se echaron atrás y, el jueves, horas antes del desalojo, le plantearon un mes para pagar la deuda, que asciende a 22.000 euros. Es mentira que se le haya ofrecido otra cosa y que Asun no haya aceptado", aclara un portavoz de la recién creada Oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras.

Lo que quiere Asun es renegociar la deuda, después de haber dejado de pagar las mensualidades durante tres años, al encontrarse en paro tanto ella como su marido Emilio Martín. "Hubo momentos en los que no podía ni comprar un litro de leche. Ahora llevo tres años trabajando en la lavandería de una residencia de mayores y puedo pagar, pero algo, unos 300 euros. En esta casa vivimos nosotros y, desde hace un año, mi hija Sandra, su marido y sus hijos, de dos y tres años. Sólo trabajo yo, y los mayores nos bastamos con un café negro, pero los niños necesitan leche, yogures... Encima mi yerno es gitano y le cuesta el triple encontrar empleo", explica la propia Asun.

Lamentablemente, el correo de los desahucios, con la EMVS o con cualquier entidad financiera como remitente, ha sido recibido por otros vecinos de la zona. "Tenemos otros seis o siete casos y llegarán más del propio bloque de Asun, en la calle Pintor Antonio Saura. La mayoría, como ella, vivían antes en Los Olivos, al lado de Valdebebas, antes de que les realojasen en estos pisos de protección oficial", añaden desde la OFIAM. "Lo cierto es que esto es una ruleta y nos puede tocar a cualquiera", concluye Asun. Así que, ojo al buzón. Más información: Ofiam.wordpress.com.

Publicado el 15 de febrero de 2013 a las 09:15.

Después de 108 días de protesta, y de varias daciones en pago y alquileres sociales alcanzados, la acampada pacífica de afectados por la hipoteca situada frente a la sede de Bankia, en la plaza de Celenque de Madrid, ha llegado a su fin, aunque no voluntariamente. A las cuatro y media de la madrugada, el pasado jueves, la Policía Nacional desalojó a las únicas dos personas que permanecían en el asentamiento haciendo guardia, Luis Domínguez y Manuel López, menos de lo habitual por las bajas temperaturas.

Pero, mientras fuentes policiales aseguran que la intervención se produjo sin incidentes ni detenidos, desde la acampada lo niegan. "No fue algo pacífico y se llevaron todas nuestras pertenencias. Lo hicieron como ladrones, por la noche, porque saben que a la luz del día estamos más. Además, había como unos cincuenta agentes para hacer frente a sólo dos personas", explica Gladis, una de las participantes en la protesta. Carlos, otro de los afectados, apunta que la Policía "ha barrido con todo. Toda la comida, los enseres e incluso la documentación, que han rescatado luego unos compañeros. Ha sido un desalojo a la fuerza y los han tratado de malas formas".

Al cierre de esta edición, varios de los involucrados en esta acción se encontraban reunidos para establecer un nuevo punto de acampada frente a otra entidad financiera. "La lucha no se acaba aquí, ahora seremos más fuertes, porque esta acampada ha sido un referente. No pararemos hasta que no cambie la ley", advierte Carlos, que pelea por que su hija, parada de 33 años, consiga la dación en pago. "Ahora siento una impotencia total, pero seguiremos adelante. De momento, la tienda de disfraces situada frente a Bankia nos permite estar en la acera que le pertenece", añade Gladis, que lucha igualmente por la condonación de su deuda.

La acampada comenzó en septiembre de 2012, cuando un afectado por desahucio se declaró en huelga de hambre frente de la entidad financiera. A él se sumaron posteriormente otras personas pendientes de la ejecución de su desalojo, recibiendo el respaldo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, voluntarios, abogados... Todos ellos acordaron permanecer en la plaza de Celenque hasta ver cumplidas las diferentes reivindicaciones de dación en pago y alquiler social de su vivienda, habiéndose conseguido algunas de ellas en este tiempo.

Publicado el 8 de febrero de 2013 a las 10:30.

A estas alturas, y cuando la mayoría vivimos inmersos en la organización de nuestras fiestas navideñas, algunas familias, como la de Loli Ramírez, ni siquiera saben con certeza dónde pasarán la Nochebuena. El próximo 18 de diciembre, su madre, de 72 años, deberá entregar la llave del piso en el que residen desde hace más de dos décadas, en la calle de la Madera, con un alquiler social de 120 al mes.

Con la misma incertidumbre, o con el mal sabor de boca que provoca celebrar la Navidad por última vez en el que consideras tu hogar, viven otros vecinos de este bloque y de otros ubicados en San Cayetano, San Francisco y Embajadores. En total, son 130 los inmuebles afectados por los desalojos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

El motivo de tales desahucios se basa en que el Ayuntamiento pretende vender estas viviendas, aunque la empresa inmobiliaria Renta Corporación, la candidata inicial, ha decidido no ejercer la opción de compra finalmente. "Esto nos anima bastante, pero no sabemos qué va a ocurrir ahora", apunta Loli, auxiliar de enfermería del Ramón y Cajal. Viuda y madre de un hijo, Ramírez no olvida que este es el segundo desalojo al que hace frente la familia. "Mi madre entregó su propiedad en Santiago El Verde nº 10 a cambio de esta".

Por su parte, Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso, declaró en una reunión con los afectados -el pasado día 7 en la calle de la Madera, junto a Lissavetzky- y en referencia a la retirada de Renta Corporación, que "se ha ganado la primera batalla, pero no la guerra".

ALTERNATIVAS PROPUESTAS
A diferencia de Loli Ramírez, a Ángel Varas, otro vecino que ya supera la barrera de los 80 y que convive con su esposa, los servicios sociales le han propuesto una alternativa que consiste en mudarse a la calle Molino de Viento, próxima a su actual domicilio, pero que rechaza. "Necesito vivir y morir aquí, lucharé hasta el final", advierte.

Varas, que al igual que Ramírez reside en este inmueble desde hace dos décadas, y que ha recibido la notificación para abandonarlo el 25 de febrero, pide "sensibilidad, y que se trate a la gente con cariño, porque yo me puedo mover, pero hay mucha gente que no". Zahara, de 61 años, una vecina que tiene el 45% de minusvalía física y psíquica, por ejemplo, deberá coger las maletas el 10 de enero, junto a su familia.

Con más margen cuenta Rafael Olmo, vecino de la Carrera de San Francisco. Tras 22 años, deberá marcharse en marzo de 2014. "Solicité la opción de compra en 2004, pero me respondieron que no era posible". Antes, el 26 de junio de 2013, Salva Martí deberá abandonar también la casa en la que se aloja desde hace 14 años, en Embajadores. "Renta Corporación se retira, pero quién nos dice que no optará otra empresa", se pregunta.

De hecho, el vicealcalde Villanueva confesó este jueves que la EMVS "probablemente buscará otros compradores. No me consta que se haya echado atrás". Ese mismo día, Javier Lasso de la Vega, el vecino que debía entregar sus llaves, decidió no abandonar su domicilio, y destacó que ningún representante de la empresa acudió al inmueble.

REALOJO EN LA PERIFERIA
Otra fecha límite, el 13 de marzo, es la fijada para que Soraya Yagüe y su familia cierren para siempre la puerta de su vivienda ubicada en la San Cayetano, después de 23 años. "La alternativa pasa por realojarnos en otro barrio, pero no del centro, porque no hay disponibles para unidades familiares grandes. Es decir, nos mandarán a Sanchinarro, Vallecas, Carabanchel... Tememos que nos ubiquen en un punto conflictivo", confiesa.

Lo más grave, concluye, es que "no se dan cuenta de la situación que viven las familias. A mi padre, con 54 años, le acaban de despedir con un ERE; mi madre es limpiadora; yo trabajo de forma eventual y vengo de otro ERE en julio; mi hermano también atraviesa una situación inestable... Mi madre tiene miedo de verse ahora con 50 años, sin trabajo y sin casa".

Por su parte, la EMVS asegura que seguirá trabajando "con cada una de las familias, como lo ha venido haciendo hasta el día de hoy".

Publicado el 14 de diciembre de 2012 a las 09:15.

Un inocente aplauso, agradeciendo a un compañero la comida y las mantas que ha traído a la Plaza de Celenque, pone en alerta a los antidisturbios que desde hace días vigilan la acampada pacífica de unos sesenta afectados por la hipoteca frente a la sede de Bankia. Piden la dación en pago, la condonación de la deuda, y alquileres sociales. Y, de momento, "la cosa va bien. Se han parado tres desahucios y se han concedido al menos dos daciones en pago. Estoy muy contento con lo que está sucediendo", explica Carlos, que tras avalar la vivienda de su hija, en Pinto, solicita una de esas daciones.

Todavía más sonriente nos encontramos a Luis, de Parla. "Me acaban de conceder un alquiler social por cinco años, de 250 euros mensuales. Yo ya lo tengo resuelto, pero hay que pelear por los problemas de todos", aclara. "No soy el único. Hoy mismo acaban de darle el alquiler social a otros compañeros", apunta. Se refiere a José, inmigrante peruano residente en Valdemoro y padre de tres hijas. Un alquiler social de 280 euros le permitirá mantener su casa y frenar su desalojo. Gloria, una colombiana que vive en Torrejón de la Calzada y que fue desahuciada recientemente, ha conseguido un alquiler de 200 euros; Robinson, nigeriano con hijos y nietos a su cargo, pagará 315 euros; y Lourdes, ecuatoriana, 375. Estos primeros éxitos de la acampada se produjeron tras un breve encierro de varios activistas en una sucursal de Bankia ubicada en Gran Vía, el pasado miércoles; tal y como ocurrió la pasada semana en otra sede de la calle Alcalá.

Y mientras el Gobierno central estudia cómo solucionar el aumento de los desalojos, pactando con los bancos y sin modificaciones legales, tal y como han publicado algunos medios de comunicación esta semana; en el campamento de Bankia aguardan soluciones otros afectados como Mónica, ecuatoriana vecina de La Elipa y con dos hijos menores. "Yo ya he dejado de pagar el piso hace un año. Fue subastado hace una semana y ahora espero el desahucio", señala.

Como ella, Gladis, peruana residente en Ciudad Pegaso, lleva quince años en España. "Yo vine con un contrato, cotizo desde el primer día, y tengo derechos, por eso estoy aquí", afirma esta última, aclarando que "mi subasta ha sido en septiembre. De momento está desierta, pero el banco se lo va a adjudicar a corto o largo plazo. ¿Quién va a comprar un piso a estas alturas?".

Todavía más dramático es el caso de Inma, que participa en los turnos de la acampada en apoyo a su hermana, española de 48 años residente muy cerca del 12 de Octubre. "Su pareja la maltrató, la abandonó y ahora no puede hacer frente a hipoteca. Todo esto le ha generado problemas de salud y ahora es pensionista, con tres hijos a su cargo, el menor de seis años. Su casa ya ha sido subastada y está esperando, como todos los que ves por aquí", concluye.

Publicado el 2 de noviembre de 2012 a las 08:45.