Asuntos pendientes

Dos familias, una docena de personas, son, en este momento, los únicos supervivientes en el poblado de Puerta de Hierro tras los últimos desalojos del pasado 20 de noviembre, quedando en pie sólo una vivienda y el lugar de culto. Diecinueve vecinos, las familias de Carmina y Alicia, sufrieron estos derribos dejando sin techo a más de una decena de menores y a una embarazada de siete meses, Yanira, a la que el Samur Social le ofreció cinco días de realojo en albergues, y que al cierre de esta edición permanecía ingresada en el Severo Ochoa de Leganés, tal y como explica Merche, portavoz del núcleo chabolista. También se le arrebató la vivienda a una mujer de unos sesenta años, la propia Carmina, que estos días se someterá a una seria intervención quirúrgica de matriz.

Tras las recientes demoliciones, que se realizaron presuntamente sin notificación oficial de por medio, 54 familias afectadas preparan una denuncia colectiva contra el Ayuntamiento que, tal y como apunta Amnistía Internacional, "sigue incumpliendo sus obligaciones en materia de derecho a la vivienda". La ONG, que el pasado 18 de octubre entregó 75.000 firmas en el Consistorio para frenar los derribos, denuncia que, tras los efectuados la pasada semana, "nuevas familias se ven obligadas a dormir a la intemperie, en furgonetas, entre escombros o a refugiarse en casas de familiares", sin tener acceso a ninguna otra alternativa, más allá de "tres días de alojamiento en un albergue", ofrecidos por el Samur Social. A día de hoy, informa la portavoz del poblado, unas 200 personas, incluidos muchos niños, viven en el asentamiento marginal en furgonetas.

Sobre la situación de Shakira, la niña de seis años, enferma de cáncer y desalojada en verano junto a su familia, ésta reside ahora en el piso de Tetuán de 70 metros que el Ayuntamiento cedió a su abuela Milagros, y donde residen 21 personas más. "Las expectativas son buenas. El tumor se ha reducido", concluye.

Publicado el 30 de noviembre de 2012 a las 11:30.

Hace ya unos nueve meses, Amnistía Internacional presentaba el informe 'Si vuelvo, ¡me mato!', que daba cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos de niños y niñas cometidas en centros terapéuticos.

Ahora, la ONG publica la segunda parte de este estudio, analizando esta vez la vaga reacción de la Administración a dicho documento. Y lo hace al mismo tiempo que el Ministerio de Sanidad da un paso adelante al suscribir un protocolo básico de actuación en centros o residencias para menores con trastornos de conducta, que permitirá, entre otras cosas, recurrir a medidas de aislamiento y contención física, de forma "excepcional", siempre y cuando se produzca una situación "de crisis" con los jóvenes.

Amnistía denuncia que con esta medida, insuficiente, el Gobierno pretende "regularizar la existencia de estos dispositivos, a medio camino entre centros de detención ilegales y clínicas psiquiátricas para adolescentes víctimas de exclusión social"; y sigue reclamando una ley estatal que regule todos los centros y que proteja a los menores que en ellos residen, y que siguen saliendo a la luz para denunciar episodios de malos tratos, lejos de gozar de garantías.

"Bajo la protección y el cuidado del Estado, menores que no han cometido ningún delito pueden sufrir privación de libertad sin orden judicial, malos tratos, ser encerrados en celdas de aislamiento, atados y amordazados. Pueden verse privados de su derecho a la salud al ser sometidos a tratamientos médicos sin diagnóstico, administrados sin la debida diligencia, sin información y sin su consentimiento, a veces medicados forzosamente con fines sancionadores", explica AI en su página web.

'Si vuelvo, ¡me mato!' (II) denuncia la indiferencia de las autoridades estatales y autonómicas que, a pesar de conocer la primera parte del informe, poco o nada han avanzado, relegando tan grave problemática a un asunto más de alarma social, lejos de dedicarle todos los esfuerzos necesarios.

Así que, de momento, los castigos corporales, los aislamientos forzados, la sobremedicación y contenciones físicas seguirán siendo una realidad, y casos como el del centro hogar de Galapagar (Madrid), al que han denunciado cuatro jóvenes, continuarán sucediéndose a lo largo de toda la geografía española.

P.D.: Tolerancia Cero a la violencia, tolerancia cero a la indiferencia.

Publicado el 17 de septiembre de 2010 a las 08:30.