Vox e Iglesias se enzarzan por las muertes en residencias
La formación acusa al líder de Unidas Podemos de las muertes en residencias y este culpa a Ayuso: "La UME se encontró a ancianos con cadáveres".
Archivado en: Vox, Pablo Iglesias, pandemia, coronavirus
Europa Press
24/3/2021 - 18:32
Vox ha acusado al aún vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y agenda 2030, Pablo Iglesias, de "huir" dejando "un legado de 30.000 muertos en residencias" durante la pandemia de la Covid-19 e Iglesias se ha defendido asegurando que "reforzaron" a las comunidades autónomas y ha culpado al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, donde "la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encontró ancianos conviviendo con cadáveres".
Durante una interpelación este miércoles 24 de marzo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha preguntado a Pablo Iglesias qué medidas ha adoptado durante sus 15 meses al frente del Ministerio de Derechos Sociales para proteger a las personas mayores y le ha reprochado que "no se ha dejado la piel por ellos porque nunca han sido su prioridad".
La diputada de Vox ha afeado a Iglesias que "huye cobarde y vilmente sin haber pisado una sola residencia y sin reunirse con los responsables de estos centros" y le ha acusado de "lavarse las manos" sobre lo ocurrido en las residencias. "Hasta cinco veces intentaron contactar las residencias en los momentos más críticos pero usted hizo oídos sordos", ha indicado.
"Pero lamentablemente su legado no solo son los 30.000 mayores muertos, casi la mitad de los fallecidos de esta maldita mandemia, usted se marcha y tras una nefasta gestión deja un número mucho mayor de víctimas. Según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el exceso de mortalidad entre dependientes subió más de un 30% lo que supone el fallecimiento de 50.000 personas más de lo esperado. ¿Cómo es posible que ni siquiera en un año de pandemia no se incrementara en un solo euro el presupuesto?", ha preguntado Ruiz.
A su juicio, el motivo es "que no le ha interesado" el trabajo del Ministerio de Derechos Sociales y que Iglesias "eligió este disfraz de cordero para meterse en el gallinero" porque, según ha dicho, es "un lobo con piel de cordero". Además, le ha preguntado si ahora que se presenta candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, "se ocupará de las residencias".
Por su parte, Pablo Iglesias ha defendido su gestión al frente del Ministerio y su trabajo por "reforzar los derechos de las personas mayores". En concreto, ha destacado el Plan de Choque en Dependencia que "prevé la subida de hasta 3.500 millones de euros hasta 2023", o la subida de las pensiones. "Mientras ustedes insultan, nosotros hacemos política", ha respondido el vicepresidente segundo durante su última intervención en la Cámara baja, antes de dejar el Gobierno para presentarse candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
"PARA HACERSE FOTOS ESTÁN SUS SOCIOS"
Sobre los fallecimientos en residencias por Covid-19, ha asegurado que "la competencia permaneció en las comunidades autónomas" y, acerca de la acusación de Vox de no haber pisado una residencia, ha contestado que no se hace "fotos" como el PP.
"Para hacerse fotos con la pala recogiendo nieve después de Filomena o para hacerse fotos poniendo en riesgo la salud de los ancianos ya tienen ustedes a su socio de Gobierno. Nosotros hacemos política, no nos hacemos fotos", ha declarado.
Según ha subrayado Iglesias, desde el Gobierno "reforzaron y ampliaron las competencias de las CCAA para que pudieran hacer frente a una crisis sanitaria de dimensiones inusitadas". Así, ha leído la orden del 23 de marzo del Ministerio por la que facultaban a la autoridad competente de la comunidad autónoma "en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto, y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales".
En concreto, ha criticado la gestión del Gobierno de Ayuso pues "las muertes en la primera ola en residencias de la Comunidad de Madrid doblaron a las de Cataluña y cuadruplicaron a las de Andalucía".
En este sentido, ha denunciado que "la Comunidad de Madrid fue la que menos intervenciones en residencias ordenó durante la pandemia" y que "la señora Ayuso rechazó que la UME desinfectara las residencias".
"¿Cuáles fueron los motivos reales de que rechazase inicialmente que la UME desinfectara las residencias? Por suerte, el consejero de Políticas Sociales desoyó a la presidenta y sí solicitó la intervención de la UME y ¿sabe lo que se encontró? Ancianos conviviendo con cadáveres", ha afirmado.
"OPERACIÓN BICHO"
También ha criticado que el Gobierno de Ayuso adjudicó la "supuesta medicalización" de las residencias a Encarnación Burgueño, la responsable de la llamada 'Operación Bicho', el proyecto privado para dar "apoyo sanitario" a las residencias en el punto álgido de la pandemia.
"Burgueño había sido teleoperadora y jefa de ventas de Telepizza, profesiones muy dignas, pero no tenía ningún medio ni experiencia para esta labor, y decidió subcontratar a otra empresa, Transamed, que contaba 4 ambulancias, 4 médicos y 2 enfermeros para intervenir en las 475 residencias en la Comunidad de Madrid, además contrataba, qué curioso, médicos venezolanos en situación irregular", ha explicado el vicepresidente segundo.
Según ha lamentado, estas personas estaban pensando en "forrarse" cuando recibieron el encargo, algo que se evidencia, según ha dicho, en un mensaje que escribió el 4 de abril Burgueño al gerente de la empresa de ambulancias, Eduardo Aragonés: "Llevamos 8.700 abueletes vistos en una semana, flipo colorines, como sigamos así nos vamos hacer los reyes y amos de la gestión sociosanitaria en Madrid".
Asimismo, Iglesias ha denunciado el protocolo que firmó el Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se prohibía el traslado de mayores de residencias con discapacidad o demencia al hospital, un protocolo que, según ha recordado, fue calificado de "inmoral" e incluso "ilegal" por el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero.
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