Diez días, el plazo de Jaume Matas para encontrar abogado

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Abr 132011
 

El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha desestimado rebajar la fianza penal de tres millones de euros que impuso el pasado año al ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, después de que así lo solicitase la defensa del principal imputado de la causa, que había pedido que el magistrado redujese la caución hasta 750.000 euros. Continue reading »

Jaume Matas deberá pagar una fianza de 1,6 millones

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Mar 022011
 

El titular del juzgado de instrucción número 3 José Castro, encargado del caso Palma Arena, ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para el ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, tal y como ha solicitado la Fiscalía anticorrupción por posibles perjuicios económicos derivados de la contratación presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros para la elaboración del anteproyecto de la ópera de Palma.

En un extenso auto, el magistrado pide que se certifique que el ex consejero de Educación del PP, Francesc Fiol, es diputado en el Parlamento, para que una vez confirmado su aforamiento, el juez pueda elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a fin de que éste pueda asumir la pieza del caso relativa a la contratación de Calatrava.

Asimismo, Castro ha decretado en su resolución el sobreseimiento de la pieza respecto al jefe de servicios de arquitectura del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec), Aleix Reinés, asistido por Gabriel Lladó, y la arquitecta de esta empresa Pilar Mesquida, defendida por Carlos Barceló. Ambos se encontraban imputados en este fleco, uno de los 25 en que se divide esta compleja causa.

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y la Abogacía de la Comunidad Autónoma, en calidad de acusación particular, pidieron la fianza civil resultante de sumar los 1,2 millones de euros por los que fue contratado Calatrava más un tercio que marca la Ley, mediante un escrito en el que las acusaciones apuntan a que Matas, durante la tramitación del expediente de contratación, habría incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.