Feb 232016
 

El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha afirmado en su declaración durante el juicio del caso Nóos que el exasesor de la Casa Real José Manuel Romero, conde de Fontao, y la Agencia Tributaria supervisaban periódicamente las actividades del Instituto Nóos.

   Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, ante quien ha señalado cómo Romero se reunía de forma habitual con el exsecretario de Nóos Miguel Tejeiro para abordar las actividades del Instituto, que según el Ministerio Público fue utilizado por Urdangarin y Torres para apoderarse de los fondos de las Administraciones públicas.

   Torres ha negado, sin embargo, que a los fondos públicos percibidos se les diese un destino irregular por su parte, con la apertura de varias cuentas en Luxemburgo y, de hecho, ha vuelto a hacer hincapié en cómo la Casa Real estaba al corriente de todos los negocios que Nóos llevaba a cabo con las instituciones.

   El acusado ha aseverado además que Tejeiro, hermano de su mujer, Ana María Tejeiro, solía mantener encuentros con «un alto funcionario de Hacienda» para tratar las declaraciones de impuestos de Nóos y darles su visto bueno.

   En uno de los numerosos escritos presentados a lo largo de la instrucción de la causa, la defensa de Torres asegura que desde el Instituto «jamás se hizo nada sin antes haber informado» al exsecretario de las Infantas, Carlos García-Revenga, «y a la Institución que él representaba y que lo autorizaba todo, pues en caso contrario nada se acometía».

   En concreto, la Fiscalía reclama para el acusado 16 años y medio de cárcel -petición que Manos Limpias eleva a 22 y medio- por poner en marcha, junto al exduque, una estructura «hueca de contenido real» y «una maraña de facturación ficticia» para desviar más de seis millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

   Para ello, según Horrach, utilizaron el Instituto Nóos como epicentro de la trama, al que manejaron «a su antojo» junto a otras mercantiles de su propiedad para que «operasen al servicio de sus intereses comerciales».

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