El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha subrayado en Palma que no prevé alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Nóos, al insistir en la «absoluta inocencia» de su patrocinado, para quien el Ministerio Público reclama 19 años y medio de cárcel y Manos Limpias, acusación popular en la causa, hasta 26 años y medio.
Así lo ha puesto de manifiesto a su salida de los Juzgados de Vía Alemania de la capital balear, donde este lunes se ha reunido con el juez instructor del caso, José Castro, y con el magistrado Manuel Penalva, que investiga por su parte la grabación de la Infanta Cristina durante su comparecencia como imputada el 8 de febrero de 2014.
En declaraciones a los medios, el letrado ha señalado que ha mantenido un encuentro con ambos jueces para hablar de «trámites procesales», eludiendo entrar en detalles sobre lo abordado con ellos. Al ser inquirido sobre la posibilidad de alcanzar un pacto con las acusaciones, el penalista ha dejado claro que no está entre sus pretensiones puesto que mantiene la inocencia del Duque de Palma.
Asimismo, preguntado por la fianza civil de 14,9 millones de euros que Castro impuso a Urdangarin a raíz de los perjuicios económicos derivados de la trama de desvío de fondos públicos y defraudación a Hacienda que presuntamente urdió junto a su exsocio Diego Torres, el abogado ha señalado que por ahora el pago es «imposible» puesto que se trata de una «fortuna».
La cantidad se enmarca en el total de 61,3 millones de euros que el juez reclama en responsabilidades civiles a los 17 acusados de la causa, y de los cuales 2,6 millones los exige a la Infanta Cristina,
Los inculpados, desde el momento en que a todos ellos se les haya notificado la petición -efectuada el pasado 22 de diciembre-, disponen de veinte días para hacer frente a las fianzas -la Duquesa de Palma ya efectuó el ingreso de 587.000 euros, cantidad solicitada por la Fiscalía-.
En caso de no hacer efectivo el pago, el juez les pedirá que designen bienes de su patrimonio de cara a su embargo hasta cubrir las cantidades fijadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
Las cantidades responden a la suma de las responsabilidades civiles en que habrían incurrido los inculpados en el marco de estos hechos, las multas reclamadas por las acusaciones y el incremento en un tercio de todas ellas.
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