Sep 302014
 

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha enviado este martes al presidente del Congreso, Jesús Posada, el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015, por vía electrónica por primera vez, y ha dado así el pistoletazo de salida a la tramitación de las cuentas del próximo ejercicio.

Como es habitual, el ministro ha posado ante los fotógrafos en el Patio de Floridablanca de la Cámara Baja poco antes de las 10.00 horas, acompañado por sus tres secretarios de Estado: de Presupuestos, Marta Fernández Currás; de Hacienda, Miguel Ferre; y de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Esta vez, sin embargo, Montoro no ha posado con ninguno de los elementos del presupuesto, cosa que sí ha hecho tras entregar al presidente del Congreso el ‘pen drive’ y los tomos que recogen el detalle de las cuentas públicas en la sala de pasos perdidos.

Además, como novedad, el ministro ha utilizado una tableta electrónica para, a golpe de dedo índice, enviar por vía electrónica el archivo de 141 Mb que contiene las cuentas del año próximo a un monitor táctil, a través del cual Posada ha podido acceder a la portada del libro amarillo que, no obstante, no estará colgado en la web de Hacienda junto con el resto de los tomos hasta las 11.00 horas. «Cada vez tenemos más avanzada tecnología», ha comentado el presidente de la Cámara.

Al acto de entrega de los Presupuestos han asistido también otros responsables del Ministerio de Hacienda y algunos diputados ‘populares’ de la Comisión de Presupuestos, cuyo presidente, el socialista Alfonso Guerra, no ha estado sin embargo presente para escenificar la entrega de los presupuestos como es habitual, algo que ya sucedió también el año pasado.

AFIANZAR LA RECUPERACIÓN
El Presupuesto de 2015 tiene como principal objetivo, según el propio ministro Montoro, afianzar la recuperación económica y consolidar la creación de empleo, atendiendo a la cohesión social y garantizando la consolidación fiscal, con un objetivo de déficit del 4,2%, frente al 5,5% con que debe cerrarse este ejercicio, cuya consecución se fía en gran medida al aumento del PIB, que según las previsiones será del 2%.

Esto supone una reducción del techo de gasto del 3,2% con respecto al de 2014, hasta los 129.060 millones de euros, resultado de una previsión de ingresos de 133.712 millones de euros (+4,3%) cuya obtención dependerá en gran medida de la reforma fiscal presentada por el Gobierno, y que también se está tramitando en la Cámara Baja para que entre en vigor el próximo 1 de enero.

Así, el gasto no financiero de los ministerios estará limitado a 62.946 millones (-5,1%) mientras que la partida para financiar los intereses de la deuda se reducirá un 3% hasta los 35.490 millones. Por el contrario, otros gastos no ministeriales (órganos constitucionales, clases pasivas o relaciones financieras con la UE, entre otras cosas) subirán un 1%, hasta 30.623 millones.

Entre los anuncios estrella recogidos por el Ejecutivo en este proyecto de ley figura el Plan Crece, que contará con 2.187 millones de euros para impulsar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia y que se destinarán a la I+D, a acciones para pymes y al desempleo juvenil, entre otras cosas.

Y es que la I+D y el fomento del empleo serán dos de las políticas prioritarias el próximo año, con un incremento presupuestario del 4,8% y del 16,5% respectivamente, seguidas por la educación (+4,5%) y la cultura (+4,4). La inversión pública, por su parte, se incrementará un 6%.

PRESTACIONES Y FUNCIÓN PÚBLICA
Con respecto a las grandes partidas del Presupuesto, el ministro de Hacienda ya avanzó que el gasto en prestaciones bajará en 4.100 millones por la mejora del empleo y la menor cantidad de personas en el paro mientras que las pensiones subirán al menos el 0,25% que estipula la ley como suelo de la revalorización anual, si bien el gasto total se incrementará entre el 3% y el 3,5% por el mayor número de jubilados y la mayor cuantía de sus nóminas.

La tasa de reposición de los empleados públicos se elevará del 10% al 50% en servicios esenciales y se recuperará una cuarta parte de la paga extraordinaria que se suprimió en 2012 a los funcionarios, que por otra parte verán congelado su salario por quinto ejercicio consecutivo.

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