El Congreso arranca este miércoles las comparecencias de expertos que trasladarán a los diputados su visión sobre la corrupción en España y las medidas que consideran adecuadas para mejorar la lucha contra esta lacra y para avanzar en la regeneración democrática. Entre los primeros comparecientes están el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, y el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda.
La celebración de estas comparecencias es la primera fase del plan de trabajo que el Gobierno y los grupos parlamentarios acordaron el pasado 19 de marzo en una reunión convocada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con vistas a explorar un pacto de Estado contra la corrupción.
Una vez que hayan comparecido todos los expertos, los partidos se centrarán de lleno en la precampaña y la campaña para las europeas por lo que no retomarán hasta junio los trabajos sobre las medidas a pactar. Así, será después de los comicios cuando vuelvan a reunirse para tratar de sellar los eventuales acuerdos que habrán de tramitarse como iniciativas legislativas en el último trimestre del año.
En concreto, el miércoles por la tarde, el primer experto en dirigirse a sus señorías será el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), órgano dependiente del Gobierno, Benigno Pendás, al que seguirá el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda. Ambos acuden al Congreso a propuesta del PP, quien también les citó el año pasado durante la tramitación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
En esta primera sesión de comparecientes de corte institucional se ha incluido también al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce. El PSOE había solicitado la presencia de algún miembro de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Antonio Salinas, pero sin proponer ningún nombre concreto, y al final ha accedido a que sea Torres Dulce.
CONEXIONES CON OTROS ÓRGANOS DEL ESTADO
Fuentes socialistas han explicado a Europa Press que su intención era que algún miembro de Anticorrupción expusiera a la comisión aspectos técnicos sobre las investigaciones de esta Fiscalía especial, sobre todo en lo relativo a su coordinación con otros órganos, como la inspección de Hacienda y de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o a sus relaciones con otros países en el marco de los tratados internacionales que tiene firmados España.
La segunda tanda de comparecencias se ha programado para jueves, 24 de abril. Por la mañana desfilarán tres catedráticos de Derecho Administrativo: Andrés Betancor, a instancias del PP; Marcos Vaquer, propuesto por el PSOE, y Agustí Cerilló, auspiciado por CiU. La sesión de la tarde se ha reservado para los expertos en Derecho Penal: Javier Gómez Lanz, invitado por el PP y Jacobo Dopico, dentro del cupo del PSOE.
Las comparecencias se retomarán la semana siguiente, concretamente el lunes 28 de abril, con los constitucionalistas Eloy García López (PP) y Miguel Presno (Izquierda Plural); el director del Instituto de Investigación de Mercados y Opinión Pública (CIMOP) Fernando Conde (PSOE), el abogado Rafael Ortiz Cervelló (CIU), responsable del Departamento Laboral de Barcelona de J&A Garrigues y Miguel Ongil, analista económico experto en financiación de partidos y miembro del colectivo Cuentas Claras, propuesto por IU-ICV-CHA.
NI UNA MUJER
En total, los grupos propusieron 27 expertos, pero sólo 13 han pasado la criba y todos ellos son hombres. Uno de los que ha quedado fuera de la lista ha sido el único que planteó UPyD, que quería citar al exdiputado ‘popular’ Jorge Trías Sagnier, que reconoció públicamente ante el juez Pablo Ruz, instructor del ‘caso Bárcenas’ la existencia de sobresueldos en el partido.
El PP se opuso alegando que los grupos habían acordado no recabar la opinión de ninguna persona que haya estado relacionada con asuntos que están en los tribunales, como es el caso de Trías Sagnier, una decisión que ha sido contestada por la líder de UPyD, Rosa Díez, quien recalca que el exdiputado declaró como testigo y, por tanto, no debería haber sito vetado.
«Resulta que a los imputados les mantienen como diputados, pero que los que declaran como testigos, que es una forma colaborar con la Justicia, no pueden colaborar con el Congreso. El PP con este veto se retrata, es un síntoma de sus propios miedos y complejos», ha denunciado Díez a Europa Press.
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