El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición de ley de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en la que se piden medidas para prevenir la pobreza energética como prohibir el corte de suministro de luz, gas o agua durante los meses de invierno a las familias con dificultades económicas que no paguen su factura o aplicar el IVA reducido a los suministros domésticos de gas y electricidad.
La portavoz de Energía de la coalición, Laia Ortiz, de ICV, defiende en su iniciativa que la pobreza energética es «la situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos» a este fin.
Un fenómeno que, según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) sufre el 10% de la población española (4 millones de ciudadanos) y sigue en aumento sin que se haya conseguido visibilizar el problema pese al «impacto profundo» que tiene tanto en la calidad de vida como en la salud y la esperanza de vida de las personas.
LA UE PIDE MEDIDAS
De hecho, la Izquierda Plural recuerda en el texto, que recoge Europa Press, que la propia Unión Europea ya insta en una de sus directivas a los estados miembros a adoptar medidas para atajar este fenómeno, que se está viendo agravado por la crisis económica, sobre todo en un país como España, donde se paga uno de los precios de la electricidad más caros del continente.
Por eso, IU-ICV pide una «tregua invernal» durante la cual las empresas suministradoras no puedan interrumpir el servicio de luz, gas o agua por impago «siempre y cuando se reúnan unas condiciones de renta familiar o cuando (la solicitud) vaya acompañada de un informe del órgano competente en materia de servicios sociales». Además, defiende que los servicios «esenciales» nunca puedan ser motivo de corte de suministro.
Una petición similar fue registrada por el PSOE, la Izquierda Plural, CiU, BNG y ERC como enmiendas al proyecto de ley del Sector Eléctrico durante su tramitación en el Congreso el pasado mes de noviembre, sin que pudieran salir adelante por el voto en contra del PP.
Para redundar en esta mejora, el grupo parlamentario reclama también que se modifique la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para que el gas y la electricidad de uso doméstico estén sujetos al tipo reducido (10%).
BONO SOCIAL
Por otra parte, la proposición de ley de Laia Ortiz también plantea que los suministros básicos de electricidad, gas natural y butano se regulen con un sistema público de precio social para todos los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular, para las familias en riesgo de exclusión social.
«El Estado debería mejorar el actual bono social para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares, y no sólo la potencia contratada o la situación laboral familiar. También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano», se explica en la iniciativa.
Así, la propuesta es que el acceso a este bono social se conceda en función de la renta familiar y tras haberse fijado unos «consumos mínimos vitales» en cómputo mensual, teniendo en cuenta el número de miembros del hogar y las estaciones del año. Además, debería aplicarse tanto en las viviendas en propiedad como a quienes vivan en régimen de alquiler.
«Este precio social no implicará un gasto presupuestario extraordinario para las administraciones públicas y tampoco podrá repercutirse sobre el resto de usuarios, corriendo a cargo de las compañías suministradoras», exige la Izquierda Plural, que critica que estas compañías «continúen obteniendo beneficios millonarios» mientras los ayuntamientos y las entidades sociales se ven obligadas a aumentar las ayudas para urgencias sociales.
En este sentido, IU-ICV-CHA reclama más «responsabilidad social y transparencia» a las empresas suministradoras, a las que se debería obligar a «incrementar y potenciar la información y divulgación sobre los conceptos incluidos en la factura, los servicios energéticos contratados, las posibles medidas de eficiencia energética y la disponibilidad de ayudas y/o bonos sociales» a los consumidores.
Asimismo, el grupo de la Izquierda Plural exige que estas compañías «publiquen trimestralmente los datos del número de consumidores que no pueden pagar sus facturas, así como del número de hogares que se ven afectados por cortes de suministro», información que actualmente no está disponible.
PLAN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
Finalmente, la diputada catalana alude en su iniciativa a las experiencias a nivel europeo que ya se están poniendo en marcha que, además de «ayudas puntuales» a colectivos vulnerables para pagar sus facturas o para mejorar el ahorro y la eficiencia energética, también se «asegura el suministro en momentos críticos» para «tratar de impedir la desconexión durante los meses más fríos o a consumidores vulnerables».
En este sentido, se pide al Gobierno un Plan contra la Pobreza Energética que persiga «garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar, que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas», dando «prioridad» a los hogares afectados por la pobreza energética en el acceso a las ayudas para mejorar la eficiencia y seguridad de sus instalaciones.
Así, se debería «incluir un mecanismo en que se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos», concluye la proposición.
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